at. Coalición Cívica -ARI-FORMOSA

Jaime Rosemberg

LA NACION
En una inédita y novedosa muestra de comunión política, los diputados Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) solicitaron ayer a la Justicia que investigue un supuesto acuerdo secreto del Gobierno con empresas mineras para el desarrollo del proyecto binacional Pascua Lama-Veladero, en la provincia de San Juan. Ese acuerdo, denunciaron, está vinculado con el veto presidencial de la ley de protección de glaciares de fines de 2008.
"Es necesario que se investigue a la presidenta Cristina Kirchner por posible tráfico de influencia a favor de la Barrick Gold ante la posibilidad de un acuerdo tributario secreto entre el Estado nacional y esta empresa", afirmó Carrió a la salida de Tribunales. En el escrito, presentado con Bonasso y la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Reyes ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, Carrió denunció la posible existencia de "un acuerdo o convenio en el cual se le otorgaban a la minera beneficios impositivos extraordinarios en lo referido al impuesto al valor agregado y Rentas".
Carrió calificó de "escandalosa" la "foto de la Presidenta en Canadá con el presidente de la Barrick Gold", durante la reciente reunión del G-20. En esa reunión, de la que participaron también gobernadores de provincias mineras como José Luis Gioja (San Juan) y Juan Manuel Urtubey (Salta), la presidenta recibió del CEO de esa compañía, Peter Munk, elogios por su "respeto a las reglas del juego" en cuestiones impositivas y regalías que las empresas mineras deben tributar al Estado y a los gobiernos provinciales.
"Si está claro que [José Luis] Gioja es Barrick Gold, debemos investigar si Cristina Fernández también lo es", dijo Carrió. En la misma línea, Bonasso afirmó que los estudios ambientales de la empresa como muestra de la no contaminación son relativos, "ya que los Gioja son socios minoritarios" de la minera. Para Reyes, "hay un tercer país que se está generando en torno de la megaminería con reglas y policía propias. El Gobierno y los gobiernos provinciales -sostuvo- están permitiendo el avance de la Barrick Gold sobre la soberanía".
La empresa y el gobernador sanjuanino respondieron a los ataques. "Todas nuestras operaciones se desarrollan en el más estricto apego a la legislación vigente", afirmaron voceros de Barrick. Y agregaron: "Nuestras operaciones y proyectos en San Juan cuentan con las autorizaciones ambientales pertinentes, previo cumplimiento de procesos de evaluación provinciales y nacionales". Desde la firma canadiense negaron la existencia de un acuerdo secreto, aunque el convenio binacional le permite a la empresa tributar en Chile y ya provocó la renuncia de dos subsecretarios de Ingresos Públicos del Gobierno. Gioja, en tanto, expresó en un comunicado: "No soy proveedor de las empresas mineras, quiero un desarrollo armónico e integral de mi provincia, respetando el medio ambiente, resguardando nuestro recurso más preciado: el agua". La semana próxima, la Cámara baja tratará en el recinto un nuevo proyecto de defensa de los glaciares, con menos restricciones a las empresas que el aprobado por el Congreso, y bendecido por el Gobierno.

Con la colaboración de Martín Kanenguiser