martes, 3 de marzo de 2009

de Perfil.com

DEBATE POLITICO
Alternativa o sucesión, dos caminos para la oposición

El 2008 marcó el fin de un proceso de acumulación de poder de un pejota conducido desde el vértice kirchnerista. Esta caída rápida, y para muchos inesperada, vuelve a colocar al sistema político argentino frente a disyuntivas estratégicas.

El 2008 marcó el fin de un proceso de acumulación de poder de un pejota conducido desde el vértice kirchnerista. Esta caída rápida, y para muchos inesperada, vuelve a colocar al sistema político argentino frente a disyuntivas estratégicas. ¿Cómo, para qué y con quién se ordena un sistema político, racional y transformador en la Argentina? ¿Serán las tradiciones?, ¿las relaciones frente al poder? ¿O se logrará ordenar a través de conductas políticas que se constituyan en alternativas diferenciadoras y claras para el electorado?
La transversalidad kirchnerista se pulverizó rápidamente y quedó reducida a un aparato pejotista que comienza a desordenarse frente a un poder que ha perdido capacidad de contención política.
A la hora de poner sobre la balanza poder futuro y dinero presente, la billetera K se confronta con la pérdida de representatividad que implica apoyar un proyecto en retirada. Gobernadores, intendentes y legisladores oficialistas y transversales comienzan a mirar nuevos caminos. La diáspora es la respuesta a esta pérdida de poder y el desgranamiento se va convirtiendo rápidamente en derrumbamiento.
El kirchnerismo ha perdido poder de policía, no eran muchas más las razones por las cuales el peronismo dirigencial le rendía pleitesía. El pejotismo, sometido temporalmente al kirchnerismo, le está perdiendo el miedo y buscará, más temprano que tarde, alejarse de quien los está conduciendo a un camino sin salida. Mientras el poder del pejota, vertiente kirchnerista, manejaba el panóptico del poder, la línea sucesoria se confundía con la línea alternativa, ambas bajo el rótulo de oposición.
Ahora, hacia el futuro, derrotado el proyecto kirchnerista, será la lucha entre la sucesión y la alternativa la que dominará el escenario político camino a 2011.
El debate político de fondo, luego de derrotar el modelo de poder kirchnerista, será entonces entre “alternancia” o “sucesión”, que son, como el lector entenderá, conceptos bien diferentes. La homologación de sucesión con oposición genera el riesgo de una democracia sin alternancia real, gatopardismo. Homologar sucesión con oposición pone en riesgo la posibilidad de construir una democracia verdadera.
La confusión entre alternativa y sucesión intenta imponer el concepto de homologación entre peronismo y poder, es decir que en la medida que poder y peronismo se convierten en sinónimos, “sucesión”, se cree que ningún poder alternativo puede ser exitoso en la construcción de una mejor democracia para la Argentina.
En todo caso, lo que crece, crece hacia él para asimilarse a él y, por lo tanto, en una dirección previsible, conocida, destructiva. El peronismo pretendidamente disidente aspira hoy a extender la hegemonía movimientista a un espacio razonablemente sano como el PRO. Será trabajo de éste salirse de tal pretensión de “sucesión” para ubicarse en la real “alternancia” al proyecto del Gobierno
En este marco, el peronismo transita nuevamente una etapa de desestructuración de sus opuestos
. A quienes quieren representar esos opuestos, los deglute el “movimiento” en el seno de su vocación hegemónica.
Hoy el PRO, como el PI en la década del 80 o la UCeDé en la década del 90, en vez de construir con paciencia y personalidad política propia y apostar a la construcción de un proyecto alternativo, independiente y autónomo, le presta legitimidad al intento del peronismo de aspirar a un continuado en el poder.
Gana el pejota, pierde el PRO. En poco tiempo, como tantas terceras fuerzas en la Argentina, será deglutido por el gran movimiento y no podrá distinguirse.
Es por ello que en la Argentina de 2009 se juega una sola partida: la construcción de una alternativa, esto es que no pueda confundirse de manera alguna con los herederos del partido del poder en un trámite sucesorio.
Un pueblo republicano, decía Kant, tiene que pensar mucho y dudar antes de optar por un juego peligroso, porque sólo ellos sufrirán los males de lo que elijan.
*Diputada Nacional por la Coalición Cívica.

at.Andrés Escudero -Hurlinghan

Nota de opinión

Scioli, Susana y la política de seguridad


Andrés Escudero
Presidente ARI Hurlingham

Ciertamente, debiera llamarnos a la reflexión, como sociedad, el hecho de que las declaraciones de una ex conductora de televisión, famosa por sus hilarantes analogías, como aquella en que comparara a un “negrito africano” adoptado por una familia argentina con un “huevito de pascua”, hayan funcionado como disparador de un debate de alto contenido empírico y teórico sobre la inseguridad. Vale aprovechar la ocasión para decir algo al respecto.

No resulta sencillo rebatir los argumentos de tan avezada doctrinaria del derecho penal, que con sus argumentaciones filosas y atrevidas está resquebrando el edificio de los derechos del hombre, erigidos tras siglos de luchas sociales y políticas. Discutir la pena de muerte en la Argentina, adherida desde hace años al Pacto de San José de Costa Rica, que consagra la protección de la vida en toda su extensión, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural de la persona, resulta estéril y cavernario. No tiene ninguna procedencia discutir aquel adagio latino que la diva trajera a colación: “aquel que mata tiene que morir”. Es poco probable que terminemos matando al homicida; pero sí es probable, que de seguir en este grotesco derrotero de populismo penal, terminemos guillotinando las molestas “garantías constitucionales”. Sobre eso sí vale la pena discutir.
En primer lugar, vale recordarlo aunque resulte obvio: las garantías son para todos. Apostaría sin miedo que el 90% de quienes gritan que “el problema son las garantías”, no pueden definir, ni siquiera intuitivamente, qué es una garantía. En materia penal, cuando hablamos de garantías, nos referimos, por ejemplo, a las disposiciones concentradas en el art. 18 de la Constitución Nacional: no ser penado sin juicio previo, ser juzgado por un juez imparcial y competente, no ser obligado a declarar contra sí mismo (¡como en las pelis Su!, ¿viste cuando el policía de la NYPD le dice al negro rapero: “tiene derecho a guardar silencio, etc. etc.”? Bueno, eso), no ser arrestado sin orden escrita de autoridad competente (salvo que sea sorprendido in fraganti delito), etc.
Es verdad. Puede que sean incómodas. Pero no hay que olvidar que esas garantías son las que le permitieron a Susana defenderse ante la justicia cuando fue acusada, allá por el ocaso del menemismo, de comprar un Mercedes Benz 0 km a precios irrisorios, habiéndolo importado declarando que pertenecía a un discapacitado con el objeto de eludir los altos aranceles aduaneros, tan molestos como las garantías constitucionales. Injusta acusación, porque las divas no delinquen.
Las garantías procesales nos hacen más civilizados; intentan hacernos más justos. Las garantías no están para que los delincuentes sigan en la calle; están para penarlos, si fuesen hallados culpables, de la manera en que corresponde a un Estado de Derecho: después de un juicio justo y en un ámbito de confinamiento sano, habitable y conforme corresponde a la dignidad humana, con el único objetivo de lograr que se rescaten, y puedan vivir una vida normal.
En segundo lugar, si tenemos en cuenta que la policía gestiona el delito y recauda para la política; que la política otorga autonomía e impunidad a la policía para que pueda recaudar en paz; que la Provincia de Buenos Aires es gobernada desde hace más de 20 años por el mismo partido político, y que –para colmo– la justicia mira para otro lado, cuando no es lisa y llanamente cómplice; si tenemos en cuenta todo eso, entonces, empezamos a elevar el nivel de la discusión.
Cualquier política de seguridad, fuera de los determinantes sociales del delito, que son materia de la política social, tiene tres pilares: lo penitenciario, lo policial y lo judicial/penal. Ese es el circuito que sigue una persona que ha cometido un ilícito: es apresado por la policía, juzgado por la justicia en su fuero penal y eventualmente condenado y enviado al servicio penitenciario para que cumpla su condena.
La policía bonaerense es, en buena medida, un aparato de recaudación extrainstitucional dedicado a la captación de recursos económicos generados por actividades ilícitas (prostitución, trata, narcotráfico, juego clandestino, etc.), con el objeto de solventar el déficit económico de la institución y enriquecer al personal jerárquico involucrado en la recaudación. La experiencia internacional demuestra que existen dos remedios efectivos contra esta tendencia: descentralización operativa y profesionalización de la carrera. El Gobierno de Scioli hizo todo lo contrario: volvió al jefe de policía único (desactivando la descentralización) y envió al congreso provincial el Proyecto de Ley A-20 08/09, restituyendo la antigüedad como criterio de ascenso (o sea, desactivando la capacitación). Pero el problema no es Scioli, claro, son las garantías.
El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) es una estructura impune, cuyos miembros han sido acusados de participar en homicidios de carácter mafioso (como la conspiración para asesinar al juez Maroto), de estar vinculados al tráfico de drogas intramuros, de ejercer torturas sobre los detenidos y de realizar contrataciones directas fraudulentas, entre otros méritos profesionales. Las condiciones de detención son humillantes, violatorias de cuanto pacto internacional de derechos humanos existe; los presos están hacinados, uno encima de otro, sin atención médica, sin alimentación digna, encerrados en celdas insalubres y violentas, donde deben dormir con un ojo abierto cada noche para evitar una violación o un facazo providencial que los pase a mejor vida. Según parece, este moderno tratamiento psico-médico no alcanza para recuperarlos, puesto que salen mil veces peor de lo que entraron. No hemos escuchando al Gobernador decir una sola palabra al respecto.

La justicia penal, por último, mantiene procesadas durante 6 o 7 años, sin juicio, a personas acusadas de robo, mientras otorga el beneficio de la pulserita a violadores y homicidas. Los fueros de responsabilidad penal juvenil, que existen en la ley, no han sido implementados en Buenos Aires porque Scioli decidió no imputarles presupuesto. Peor aun, no conforme con ello, el área de minoridad ha sufrido de 2007 a 2008 un recorte presupuestario del 60% en términos reales. O sea, Scioli les quitó el presupuesto a los menores y después pidió que los encarcelen.

Una política de seguridad seria debería contemplar una drástica reforma institucional en los tres sectores, generando organismos transparentes, competentes y profesionales; la reducción de la oferta de armas de fuego; el aumento de las tareas de inteligencia criminal y las operaciones policiales sobre organizaciones delictivas; la profundización de la especialización funcional y la descentralización operativa de las fuerzas de seguridad; y un régimen penal especial para menores de 14 a 18 años, entre otras cosas. Si a ello se sumase la promoción de la inclusión en el mercado laboral, con políticas sociales universales, quizá, sin necesidad de derogar las insidiosas garantías procesales, podamos mejorar en un tiempo prudencial los niveles de seguridad ciudadana.



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Prensa ARI
Pablo Gimenez