jueves, 8 de octubre de 2009

at. ARGENPRESS

Las cárceles en la Argentina: Una máquina de triturar vidas
Carlos Saglul (ACTA)
El sistema penitenciario argentino a través de su historia de horror trae a la memoria aquella máquina de torturar y matar que ideó Franz Kafka para su relato “En la Colonia Penitenciaria”. Depósito de pobres, universidad de criminales.
¿El sistema está en crisis?, o, por el contrario, ¿de una vez por todas habrá que aceptar lo evidente: funciona así, como la terrorífica máquina de triturar vidas, aquella pesadilla literaria del escritor checo? El interrogante aguijonea la conciencia colectiva.
¿Qué hacer con el otro? Convengamos que históricamente no siempre nos fue bien con la pregunta. El miedo y el “en algo andarán” acompañó la desaparición de miles de argentinos. Identificarse con el prójimo y su dolor, compromete. Quienes combatieron en Malvinas fueron invisibilizados por la derrota. En soledad, sumaron más los suicidados que los muertos en las trincheras. El neoliberalismo, con miles de desocupados indispensables para bajar los salarios y obtener condiciones de flexibilización laboral parecidas a la esclavitud, dio origen a los desaparecidos económicos del régimen: los pobres.
Pobres y jóvenes
. No es ninguna casualidad: En la década del terrorismo de Estado, el 70 por ciento de los compañeros secuestrados y asesinados por la dictadura eran menores de 30 años. En la era del neoliberalismo, en la década del ’90, el 70 por ciento de los desocupados eran jóvenes menores de 30 años. Actualmente, la mayoría de la población carcelaria son jóvenes menores de 30 años. El sistema apunta a ellos. Los estigmatiza: hay que matar, marginar o meter preso al futuro. Así se maneja el poder con los pibes. A esto hay que saberlo.
El sistema jamás podría mantener sus niveles de ganancia si muchos miles no vieran negado su derecho al trabajo. Ya hay familias que por generaciones no han sabido lo que es una fuente de empleo estable.
Los niños que han crecido en las calles, hambrientos, golpeados, vejados, no tardan en demostrar que es falso que “la pobreza no es sinónimo de delito”. La pobreza es un crimen del cual el desposeído no es autor sino víctima. ¿Cuántos ricos y poderosos hay en las cárceles argentinas? Ya lo dice el Martín Fierro: “La ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico: no la teme el hombre rico, nunca la teme el que manda pues la rompe el bicho grande y sólo enreda a los más chicos (…) Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja”.
Para el penalista y miembro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, el sistema penal como se ha instalado aquí, está al servicio de tratar de resolver el problema de la desigualdad social. Obviamente fracasa. Y, por el contrario, produce cada vez más pobres, mayor violencia y marginalidad social. Los que tienen aquello que al otro le está vedado, viven en la inseguridad, el miedo. Reclaman más penas y cárceles. El teorema imperfecto de la “mano dura”.
Según opina el doctor Ariel Cejas Meliare, Director General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, para el sistema penal poder e inocencia pueden ser sinónimos. “El sistema penal es selectivo, el 90 por ciento de los presos es gente que está fuera del marco democrático que, entiendo de acuerdo a la definición gandhiana, como igualdad de oportunidades para todos.
Como el sistema no permite, o mejor dicho, no le conviene que haya una distribución de la riqueza más equitativa, algo hay que hacer y ahí es donde aparece la cárcel como recurso”.
La prisión moderna aparece a finales del siglo XVIII. Se la considera un lugar de castigo. El modelo actual destinado al “disciplinamiento” y la “reeducación” surge contemporáneamente al capitalismo. Como plantea Michael Foucault, el sistema dota a cada uno de su lugar para el disciplinamiento: escuelas para los niños, los adultos tienen el trabajo, a los locos se los pone en psiquiátricos, los enfermos van a los hospitales y los marginales son depositados en cárceles.
Made in USA
Estados Unidos se transformó en el país con más presos del planeta. 10 millones de norteamericanos circulan anualmente por sus cárceles. Mucho antes de la actual crisis financiera internacional, Pierre Bordeau explicaba el fenómeno: “Uno de los grandes problemas de los americanos es que tienen su bajo proletariado preso. Su tasa de encarcelamiento es alucinante.
Si se suma la cantidad de prisioneros a los desocupados que denuncian las estadísticas, uno se da cuenta que Estados Unidos, encubre la falta de trabajo en las cárceles”. Jeremy Rifkin hace notar en “El sueño europeo” que casi un cuarto de los presos del mundo están en los Estados Unidos”.
Quienes habitan las cárceles del norte son negros y sudacas, igual que acá: pobres. Ese ha sido nuestro modelo hasta ahora.
El texto constitucional de 1853 afirma en su artículo 19: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija hará responsable al juez que la autorice”.
La realidad no puede estar más lejos de la Constitución y sus intenciones. De acuerdo a un informe de la Comisión Provincial por la Memoria, en las cárceles bonaerenses durante el 2008 fallecieron 112 presos, uno cada tres días. El 41 por ciento de los casos resultaron muertes traumáticas como consecuencia de peleas o heridas de arma blanca, suicidios y asesinatos. El 57 por ciento fueron casos no traumáticos evitables y que tuvieron origen en enfermedades que se podrían haber curado.
El informe 2009 señaló que “uno de los hechos más preocupantes el año pasado fue la aprobación de una reforma procesal penal que es inconstitucional y consagra en la provincia la generalización del encierro preventivo”. “Los legisladores votaron sin la menor preocupación por el impacto negativo sobre el sistema penal y penitenciario. Las consecuencias ya son evidentes: si sumamos las cárceles y comisarías, la cifra de detenidos ascendía en marzo a 28 mil 300 personas y continúa creciendo” afirmó Hugo Cañón integrante de esa comisión.
Según esa entidad defensora de los derechos humanos –que, entre otros, integran los dirigentes de la CTA Víctor Mendibil, Ricardo Peidro y Víctor De Gennaro-,
en marzo de 2008 había 21.104 detenidos en la provincia de Buenos Aires, cifra que creció a 28.180 para el mismo mes de este año. En las comisarías la cantidad de detenidos subió un 48 por ciento. Pasó de 2782 que había a fin de 2007 a 4.142 en marzo de 2009.
Si revisamos informes anteriores, constatamos que en 2004, la población de los penales bonaerenses, que es donde se aloja la mayoría de los presos del país, creció a un ritmo de 300 internos por mes. Lo mismo pasa en todos los estados. Según el Ministerio de Justicia, en igual período los presos de las cárceles nacionales pasaron de 6.767 a 9.738, aumentaron casi un 44 por ciento.
En la provincia de Buenos Aires la población penitenciaria se duplicó de 1998 a 2004. Casi el 95 por ciento de los reclusos están acusados de pequeños robos. Son lo que en la calle se llama “perejiles”.
La situación es similar hoy. Hay alrededor de 63 mil presos en las cárceles federales y provinciales. En territorio bonaerense hay 25 mil, casi el 70 por ciento encarcelados por pequeños delitos. El 85 por ciento está procesado y el 75 por ciento carece de sentencia firme. El tiempo pasa, la situación se agrava.
Si la mayoría de los detenidos, no han sido encontrados culpables, ¿qué pasa con los inocentes? Se lo preguntamos al doctor Cejas Meliare;” Hay muchos casos de inocentes tras las rejas.
En Devoto, la Procuración Penitenciaria de la Nación detectó a un joven que hacia 8 meses que estaba absuelto y nadie lo había notificado. La experiencia siempre es traumática y deja marcas imborrables sea culpable o inocente, pero en este último caso es gravísimo. No debemos olvidar lo largos que son los procesos judiciales y una vez que se dicta una sentencia el proceso de encarcelamiento ya produjo efectos de los que no se puede volver atrás”.
Mucha plata para tan poco
Un informe de la Asociación Civil Unidos por la Justicia señaló que el Servicio Penitenciario Federal destina por mes 6.329 pesos para la manutención de cada uno de los detenidos. ¿Dónde va a parar ese dinero? En la provincia de Buenos Aires, se gasta menos, 3.086 pesos por detenido, una erogación anual de 37.031. Con ese nivel de gasto, las cárceles argentinas deberían ser hoteles internacionales
. A pesar de este presupuesto las prisiones son lugares siniestros donde los internos viven hacinados. La comida es mala. Sobran las denuncias por muertes debidas a la falta de atención. La droga y la violación son moneda corriente. La red de corrupción incluye que presos que salen a hacer changas, como robar o deshacerse de alguien, como lo revelan los casos de varios internos que fueron apresados mientras realizaban “algún encargo”, cuando en realidad debían estar tras las rejas.
Una investigación de la Procuración General de la Nación publicada por
la Agencia de Noticias de la CTA, reveló que en 2007 el 37 por ciento de los varones detenidos habían sido agredidos físicamente. Un 58 por ciento sufrió golpes con palos, puños, patadas, empujones. El 83 por ciento aceptó haber enfrentado requisas completamente desnudo, un 24 por ciento que se les hacían realizar flexiones para revisarles los genitales.
Los lugares de asilamiento o celdas de castigo son sitios sin luz ni camas ni mantas donde a los presos se les raciona la comida y deben convivir con sus excrementos. Para Alcira Darroki responsable de la dirección de Investigación de la Procuración. ”La cárcel es una máquina de tortura desde hace 250 años” y subrayó convencida, que “esta realidad no sorprende a nadie”.
El Comité contra la Tortura es todavía más tajante ya que señala “la tortura continúa siendo generalizada en las cárceles de la provincia de Buenos Aires mediante prácticas como el “submarino seco”, palizas, golpes, picana, traslados constantes, duchas o manguerazos de agua helada y aislamiento como castigo”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales advirtió que la situación actual de las cárceles “imposibilita la reinserción del preso”. Destacó que la militarización de las prisiones en lugar de una política tendiente a la reinserción del detenido y la violencia como mecanismo de disciplina carcelaria tienden a hacer incierta cualquier `posibilidad de rehabilitar socialmente al delincuente.
Esa organización de defensa de los derechos humanos calificó a las prisiones argentinas como nuevas “Esmas” en alusión al centro de exterminio que funcionó durante la dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada. Señaló que las posibilidades de estudio de los internos son absolutamente limitadas en la mayoría de los establecimientos.
Un trabajo del Ministerio de Justicia realizado en la cárcel de Villa Devoto sobre presos que cursan carreras universitarias en prisión, demostró que de cada cien presos que lograron estudiar apenas tres no se reinsertan laboralmente y reinciden. Si el objetivo fuera rehabilitar…
El procurador Cejas Meliare sonríe amargamente cuando se le pregunta si es posible recuperar al detenido. “Más allá de todo esfuerzo que pueda hacer el personal penitenciario la reinserción es casi imposible. ¿Qué oportunidad laboral puede tener una persona que sale con antecedentes?, ni siquiera puede sacar una licencia de conducir para manejar un taxi. Sumemos a todo el problema carcelario la inexistente política pos penitenciaria y tenemos como resultado un sistema que para nada tiene en miras la reinserción”.
¿Quién controla al Servicio Penitenciario?
Le preguntamos al doctor Cejas Meliare, ¿qué controles tiene el Servicio Penitenciario desde el Estado? “La argentina ha sido pionera en materia de control externo al servicio Penitenciario. Primero, con la creación del los Juzgados de Ejecución Penal, y luego con la ley 25875 que crea la procuración penitenciaria como órgano independiente de control de violaciones a las derechos humanos de los privados en libertad. Pero esto no es suficiente, éste organismo ha sido duramente resistido por algunos funcionarios penitenciarios y por el ex Ministro de Justicia Aníbal Fernández en especial, cuya resistencia llegó al extremo de impulsar la remoción del actual procurador. El problema no pasa por el cambio de funcionarios sino por el cambio de mirada al interior de los muros. La mayor resistencia se dio luego de que la procuración penitenciaria diera a conocer una investigación sobre casos de torturas en cárceles federales.
La deuda más grande que tiene la democracia consiste en ocultar y negar estas prácticas. No se puede responsabilizar a una gestión en particular por prácticas que se vienen desarrollando desde que la cárcel es cárcel pero sí puede responsabilizar a las autoridades por negar que esto sucede. La negativa favorece el ocultamiento y lo que es peor la impunidad ante estos casos.
La voz de los presos y presas es la que da cuenta de lo que realmente pasa en nuestras cárceles y si esa voz es negada, entonces les estaremos negando la ciudadanía que alegamos querer devolverles con una supuesta resocialización.
“El Congreso – enfatiza Meliare- debe aprobar de una vez el mecanismo nacional de prevención que prevé el protocolo facultativo contra la tortura. Es necesario tomar acciones concretas para plasmar en la práctica todo aquello que se ha conseguido normativamente”. Cada vez hay más cárceles, pero el crecimiento del delito supera todo esfuerzo edilicio.
¿Cómo termina esto? Para Cejas Meliare, “el Estado toma conciencia que debe adoptar una política criminal seria, una urgente modificación al Código Penal y seguir profundizando políticas sociales y educativas o el sistema colapsa”.
Un gran negocio
Una población insegura es más fácil de ser disciplinada, además no protesta por el despliegue de medios represivos, los reclama. En una sociedad donde lo importante es el lucro, hay que reconocer que el crimen lejos de desalentar los negocios contribuye a alentarnos. El grueso del tráfico de capitales mundial se alimenta del narcotráfico, la venta de armas y otros negocios, “ilegales”. Si no existieran mulas, pequeños vendedores de drogas, ¿cómo podría sustentarse la puesta en escena del “combate contra el narcotráfico” que sirve a Estados Unidos para colocar bases en medio continente y hasta tener una flota dando vuelta permanente alrededor de América Latina, más preocupada por nuestros recursos naturales que por la droga?
“Estoy totalmente en contra de las privatizaciones, dentro sistema penitenciario, es un gran negocio. Pero el actual sistema debe revisar los faltantes de comida, medicamentos y elementos de higiene que no le llegan a la población. Esto lo vemos diariamente en las inspecciones que hacemos y eso también es un negocio”, advierte el procurador Meliare.
Miles de prisiones se han construido en los Estados Unidos en los últimos años. A finales de los ochenta comenzó a crecer el número de reclusos.
Con George W. Bush se multiplicó el presupuesto para el sistema penitenciario y se abolieron las pocas limitaciones que existían para que los capitales privados pudieran manejar el sistema penitenciario. Se inició así un negocio brillante que no tardó en tener sus ramificaciones: empresas especializadas en la construcción de cárceles, equipos de seguridad, transporte de presos, provisión de medicamentos, equipos especiales para guardiacárceles, páginas en Internet, revistas.
Los modernos empresarios están agrupados en la Asociación Americana de Prisiones y gran parte de estas empresas operan en la bolsa. Se han extendido a Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra. Parte de las ganancias de estas compañías provienen del ahorro de personal a través de sofisticadas técnicas y la utilización de los mismos presos en gran parte de las tareas.
En los últimos años, a partir de que se permitió que compañías privadas contrataran el trabajo de los internos apareció un nuevo filón. El trabajo de los presos es a tal punto barato que muchas compañías han dejado sus maquilas en México tentados por la mano de obra negra e hispana de las cárceles. El negocio es redondo, los presos se pagan su estadía, ganan poco, no hay que pagarles ningún aporte, y de huelgas, por supuesto ni hablar.

at. Diputada Diana Maffía

diputada diana maffía

argibay vendrá a la legislatura
CONFERENCIA SOBRE ADICCIONES Y DERECHOS
Con la presencia de la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay, el abogado jurista Roberto Gargarella y Alberto Calabrese, miembro del Comité Científico Asesor en materia de control de Trafico Ilícito de Estupefacientes del Ministerio de Justicia de la Nación, organizamos desde el despacho la conferencia “Adicciones y Derechos. Lo pendiente en Políticas Públicas”, a realizarse el próximo 14 de octubre a las 18 hs. en el Salón Intersecretarías de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con un enfoque basado en los derechos humanos, hemos creado a principios de año en la órbita del despacho una Unidad de Seguimiento de las Políticas Públicas en Adicciones dirigida por la Lic. Patricia Colace. El objetivo de esta unidad es monitorear los programas existentes en la ciudad de Buenos Aires, la reglamentación de la ley marco 2318, sancionada en mayo de 2007 y aún no reglamentada, e insistir en la necesidad de poner en la agenda pública esta problemática.
El antecedente de esta mesa es la jornada realizada el pasado 19 de mayo en la que se abordó el tema “Adicciones y Derechos: una mirada pendiente”. En esta oportunidad, la ministra Argibay analizará el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a la despenalización del consumo de marihuana para uso personal.
Para más información comunicarse al despacho de la diputada Diana Maffía, 4338 3111/12 o por correo electrónico a
seguimientoenadicciones@gmail.com