URGENTE - URGENTE - URGENTE - URGENTE -
Por Nuestros Pibes: Basta de Atentados
Secuestran y golpean salvajemente a Educador del Hogar Juan XXIII de la Obra Don Orione de Avellaneda hoy a las 20.30 horas, exigiéndole el cese de su participación en la Campaña El Hambre es un Crimen que lleva a cabo el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo.
Estamos ante el Tercer Atentado y nos llena de indignación y espanto que no se hayan encontrado los responsables anteriores.
Exigimos a las autoridades Nacionales y Provinciales encontrar YA a los autores y garantizar la vida e integridad de todos los niños y educadores de nuestras Obras.
Víctor De Gennaro Central de los Trabajadores de la Argentina
Alberto Morlachetti Hogar Pelota de Trapo
Padre Luis EspósitoHogar Juan XXIII
Porque no al peaje.-
Por Cesar Martín Franzanti
Abogado
Presidente ARI – COALICION CIVICA
Exaltación de la Cruz
Existen muchos motivos entre políticos, sociales, económicos y legales para decirle NO AL PEAJE, como lo es el Peaje LARENA de la Autopista Pilar-Pergamino.
Para arrancar en el tema y haciendo un breve paso por las normas de ley que se violan debemos mencionar el Art. 14 de la Constitución Nacional, que determina la libertad de transito por todo el territorio de la Republica.
Aca nos detenemos, porque con la circulación por la Ruta Nacional Nro. 8 nos encontramos con el primer obstáculo, al tener que pagar por transitar por el territorio Nacional, donde quedo la libertad de transito amparada constitucionalmente?. O sea, que al gravar la vía de circulación nos encontramos con el primer motivo claro para decirle NO AL PEAJE, porque viola el Art. 14 de la C.N. restringiendo el transito por el territorio Nacional imponiendo un pago para efectuarlo.
Bien, para ello, se estableció doctrinariamente que si la vía se encontraba gravada, debía existir una vía alternativa o colectora por donde los usuarios puedan, dentro de la libre elección y priorizando el art. 14 C.N. elegir entre pagar o no pagar, pero siempre dentro de la elección de los usuarios, ahora bien en el Peaje LARENA no tenemos ninguna via alternativa, ni colectora, esto es el segundo porque NO A LOS PEAJES, dos veces se viola la Constitución Nacional, para decirlo mas claro aun, no es licito que una empresa privada (sea cual fuere) restrinja los derechos amparados constitucionalmente.
No obstante ello y la ilegalidad manifiesta por lo antes dicho el Pliego Técnico Particular aprobado por el Decreto 1875/2006, no contempla la creación de colectoras, o sea que el propio Estado Nacional avala la violación legal.
Otro motivo de porque NO AL PEAJE es la desproporción existente en el monto a percibir por gravar la vía, se ha fijado el precio para los vehículos en $4,50, un monto alejado de todo precio de peaje actual con colectoras, nótese que el peaje de Zarate-Brazo Largo posee un valor de $4,20, pero destacando la diferencia abismal en la obra, con la obra terminada y con un mantenimiento que ni se acerca a la obra del peaje Pilar Pergamino que solo se realizaron 10 km. De obra y ya se esta percibiendo la totalidad de la tarifa como si todos los usuarios viajáramos a Pergamino y estuviese concluida la misma.
Las cabinas del peaje se encuentran cerca de un cauce de agua como lo es el Arroyo LARENA, cuando por Jurisprudencia se estableció que cerca de un cauce existía la imposibilidad material de la realización de colectoras, prohibiendo la realización de cabinas cerca de un cauce de agua y al momento de la proporción de la tarifa debía tenerse en cuenta esa imposibilidad. (CSJN Estado Nacional C/ Arenera El Libertador).
A su vez, no debemos dejar de considerar la contaminación sonora, lumínica y la poda indiscriminada de árboles como lo fue en cercanías del Parque Industrial de Pilar, plantas con centenares de años fueron cortadas sistemáticamente, otra clara violación a la Constitución Nacional, en el derecho al ambiente sano.
La fijación de un peaje delimita el conurbano dejando afuera del mismo a Exaltación de la Cruz, a nuestros trabajadores que se dirigen en su mayoría a desarrollar tareas laborales en Pilar, se les encarece todo tipo de viajes, sin que esos mayores costos sean reconocidos por empleadores. Exaltación de la Cruz queda aislado de todo tipo de emprendimiento futuro, debido a que los inversores al momento de decidir, lo harán teniendo en mente el costo del peaje. La instalación de empresas o industrias en nuestro Partido quedara relegada porque entre los costos deben tenerse presente los gastos por peaje, para los transportes que implementen y el viático de la mano de obra.
El turismo se vera disminuido debido a que con la existencia del mismo nos encontraremos ante un obstáculo, el pago del peaje para que turistas se dirijan a Exaltación de la Cruz.
También debo tildarlo de discriminatorio porque en igualdad de condiciones nos trata de diferentes maneras, ello arribo porque solo a Exaltación de la Cruz lo contempla como tarifas diferenciales, dejando de lado los vecinos de Pilar, Lujan y Campana. Pero solo eso es una tarifa diferencial que no deja de ser tarifa, ya $0,10 es gravar la via y restringir la libertad de transito. Ahora bien, no sera que el supuesto “beneficio” es una tarifa normal para una obra que se encuentra inconclusa, sin dejar de mencionar que la tarifa diferencial es solo para una categoría, como si el resto no fuéramos vecinos al peaje y no sufriéramos las consecuencias del mismo.
Esta obra ha cerrado caminos vecinales, los cuales no debería tener injerencia porque esta obra solo abarca la Ruta Nacional Nro. 8, dejando en inferioridad de condiciones a los vecinos de la obra, eso si, salvo la vista gorda de los gobernantes de turno, por ello tampoco se entiende la negociación que realizaron para que se instalara un peaje en los Partido de Pilar y Exaltación de la Cruz, como se justificara esa acción de gobierno o… inacción de gobierno.
La tarifa diferencial es un contrato de adhesión porque al momento de suscribir la “PROMOCION” y al dar vuelta el contrato podrán apreciar que la empresa concesionaria en cualquier momento puede dejar de lado la misma, debiendo todos luego de ello, pagar los $4,50 cuando a la Empresa se le ocurra. A su vez, hay que ponerse a pensar que al momento de suscribir la tarifa diferencial nos solicitan nuestros datos completos, nuestro domicilio, el dominio de nuestro vehiculo, hacia donde nos dirigimos y de donde venimos, resulta peligroso que una Empresa Privada posea tantos datos de particulares sin saber el destino de los datos proporcionados y, sin tener presente la protección legal de los datos.
Por todo lo expuesto, mantengo mi posición de NO AL PEAJE que viole la Constitucional Nacional que he jurado defender, como también lo han hecho los miembros de Gendarmería que hoy velan por los intereses de una Empresa Privada.
SIN COLECTORAS NO AL PEAJE.-
ARI COALICION CIVICA
EXALTACION DE LA CRUZ
El derecho a la vida, asignatura pendiente
Desde Partido Pertenecer, apoyamos incondicionalmente el derecho irrenunciable e integral de los trabajadores pasivos a la movilidad en las prestaciones jubilatorias, pero no aceptamos el actual sistema que se intenta implementar, por su mero carácter ineficaz e inoperante. Con tal objeto, queremos poner en vuestro conocimiento nuestro juicio de valor en lo que respecta a la sanción de esta ley sobre la movilidad jubilatoria.
Principalmente, el actual sistema que debe garantizar la Seguridad Social, obra de forma equívoca, y contradice a la misma ley que la legitima. El régimen público o de reparto, cual es administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no puede, por naturaleza, utilizar el capital de aporte jubilatorio del trabajador activo con fines financieros. Es decir que, esta Administración no debería poder utilizar el capital del aportante con la finalidad de invertir en proyectos productivos o de infraestructura o adquirir títulos públicos, fideicomisos, plazos fijos, acciones de sociedades anónimas nacionales, mixtas o privados, letras del Banco Central y títulos de Estados extranjeros u organismos internacionales. Entiéndase por régimen de reparto, el sistema en el que los aportes de los trabajadores en actividad se reparten entre los trabajadores pasivos.
Ulteriormente, la legislación sobre la Seguridad Social que se encuentra en vigencia cual establece el sistema de jubilaciones, es sumamente capciosa. Los diversos decretos que modifican los artículos de estas leyes hacen que el sistema sea confuso. Además, las leyes conocidas como Solidaridad Previsional no permiten el pleno ejercicio del artículo catorce bis.- de la Constitución de la Nación Argentina. Es por ello que a estas instancias, deben ser derogadas las leyes Nº 24.241, Nº 24.347, Nº 24.463, Nº 25.372 y los decretos nacionales que modifican el articulado de la Ley Nacional Nº 24.241. Estas leyes, y sus respectivos decretos, modifican el concepto jurídico de la movilidad en los haberes previsionales. La movilidad consiste en la fijación de los haberes previsionales a partir de una determinada relación proporcional entre el haber de retiro y las remuneraciones de los activos. La actual legislación contradice este concepto, cuyo espíritu fue taxado en la Constitución (Art. 14bis.-) y protegido por esta misma (Art. 28.-).
El masivo accionar judicial de los jubilados, ha dejado valiosa jurisprudencia cual debería ser utilizada por nuestros legisladores a la hora de reformar el actual sistema. El actual sistema debe ser reformado, ya que esta fue creada con el mero objetivo de hurtar a los trabajadores y a su vez, a la ciudadanía argentina. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS) se opone al funcionamiento procedente del sistema público. Este Fondo, constituido para evitar el déficit en el sistema de reparto, ha sido utilizado por el Poder Ejecutivo de la Nación para cancelar deudas e invertir en proyectos productivos e infraestructura. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), contando con un superávit de dieciocho millones de pesos, aún alude a su incapacidad de poder otorgar los haberes jubilatorios correspondientes. Instituciones como la Honorable Corte Suprema de la Justicia de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación, han recomendado a los demás poderes de la Nación la actualización y el reajuste de los haberes previsionales. Dicho pedido se encuentra claramente expresado en los fallos Badaro, Godoy, Heit Rupp, Sánchez, Chocobar y demás jurisprudencia disponible.
Desde nuestra perspectiva, la Ley de Movilidad Jubilatoria, impulsada por el oficialismo, no mejorará el actual sistema jubilatorio. Simplemente, creará un mecanismo que perjudicará a más de cinco millones de jubilados, quienes han acudido a la justicia para ponerle fin a un vil sistema que comenzó en 1994, bajo el régimen constitucional del Sr. Carlos Saúl Menem y el Sr. Domingo Cavallo. Actualmente, el Poder Ejecutivo Nacional quiere aplicar un sistema similar al Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO), cual los pasados sucesos demostraron que este sistema no sirvió, y por ello se aplicó el Módulo Previsional (MOPRE), cual atentaba con la legítima movilidad jubilatoria. La movilidad en los haberes jubilatorios no puede depender de las leyes de presupuesto.
Es hora de cumplir con la Constitución Nacional, de proveer lo conducente al desarrollo humano, de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Atentamente,
Partido Pertenecer
Guido Ezequiel Carera
Presidente de Juventud Pertenecer
Dr. Arnaldo Darío Bresciani
Presidente del Partido Pertenecer-- Partido Pertenecer Contacto: pertenecervl@gmail.comTel: (011) 15-5859-7852Vicente López, República Argentina
Una reserva en peligro
[OTAMENDI- CRECE LA POLEMICA]Un juez falló a favor de la cons-trucción de un camino que cruza un sector de alto valor ambiental de la reserva. Trabajadores denuncian posibles peligros y riesgos ambientales.A través de un comunicado oficial, los trabajadores de Parques Nacionales dieron a conocer su posición sobre el riesgo existente en la Reserva Natural Otamendi. Según afirmaron en dicho escrito, la Reserva se encuentra jaqueada por un fallo judicial desfa-vorable que permitiría la construcción de un camino que atraviesa una zona «sumamente frágil y sensible ambien-talmente». En este sentido, remar-caron que el dictamen beneficiaría «a un particular en perjuicio del bien de toda la comunidad».El entredicho es de vieja data. En el año 2000 la empresa Brenna & Asociados solicitó realizar un camino al área donde realizarían el empren-dimiento «Puerto Palmas, Pueblo Ecológico». El pedido fue desestimado por la Administración de Parques Nacionales en el año 2003, basándose en el dictamen de una comisión evaluadora independiente (integrada por profesionales de varias facultades de la Universidad de Buenos Aires y referentes en las distintas disciplinas intervinientes) que analizó y rechazó rotundamente la Evaluación de Impacto Ambiental presentada por la empresa.Además, la Administración de Parques Nacionales ofreció una opción de acceso que beneficiaría a varios pobladores («no a uno solo», aclara el comunicado) y que resulta más sustentable en términos ambientales.No obstante, el mismo juez (Federico Efraín Faggionatto Márquez) que en el año 2005 dictó un fallo desestimando una acción de amparo contra la APN, emitió un nuevo fallo sumamente riesgoso para la conservación de la Reserva Natural Otamendi, contradiciendo rotundamente la primera resolución, donde se desarrollaría el emprendimiento de Brenna & A .Así como inicialmente la había negado, ahora consideró justo autorizar la reapertura del supuesto camino, uniendo la ruta Panamericana a la altura del kilómetro 60 -desde la estación de trenes de Río Luján- con las tierras soc.Frente a esta situación, las autoridades de la APN han apelado la sentencia ante la Justicia. Pero «los trabajadores de Parques Nacionales creemos –prosigue- que no es suficiente, ya que por el efecto devolutivo del fallo del juez se habilita a realizar el camino aunque no se haya resuelto la apelación, por lo cual han querido entrar a la reserva con topadoras para hacer mediciones y demarcaciones de la traza».Además, en la nota firmada por los trabajadores se insta «a las instituciones y organizaciones de nuestra sociedad a tomar conciencia del problema, que no es sólo judicial sino además una disputa de intereses de quienes ponen por delante del bien social y ambiental en común intereses inmobiliarios para unos pocos». La problemática surgió a partir de la fragilidad jurídica que envuelve a la reserva. Sucede que su creación fue determinada por decreto durante el menemismo y no mediante la aprobación de una ley nacional, como hubiera correspondido. Esa flaqueza legal fue aprovechada por diferentes empresarios que pretenden sacar ventajas económicas sin reparar en los desastres ecológicos que sus proyectos podrían causar sobre un área protegida, que es patrimonio de toda la comunidad.Hoy en día, las miradas están puestas en el Congreso Nacional y en la apremiante necesidad de la aprobación de una ley que le dé a la reserva mayor seguridad jurídica frente a las ambiciones desmedidas de los empresarios.Además de la citada debilidad legal, los emprendedores inmobiliarios se ven beneficiados a partir de la irregular forma de la reserva en su extensión geográfica: una especie de herradura con ambos extremos apoyados sobre las márgenes del río. El semicírculo que no pertenece a la reserva, pero que se encuentra rodeada por ella, es un sitio codiciado por muchos, y especialmente por el empresario Gerardo Brenna, impulsor del barrio cerrado «Puerto Palmas».Según pudo averiguar Nuevo, se intenta construir un camino elevado sobre un terraplén de 4mts de altura para crear un acceso directo al barrio cerrado desde la ruta Panamericana. Esto no solo significaría la destrucción de la reserva tal como se la conoce hoy, sino el riesgo de inundaciones impre-visibles en toda la zona (el camino actuaría como un dique de contención que modifica sustancialmente el valle de inundación del río Luján).En fin, un nuevo desarrollo inmo-biliario que pone en jaque la preser-vación de un sitio natural y un patrimonio nacional frente a la mirada calma y serena de las autoridades que cuentan con el poder de decisión.CuriosidadEn el sitio de Internet de la empresa Brenna & Asociados se aclara que «trabajamos intensamente, con la responsabilidad de saber que nuestras ideas, transformadas luego en pro-yectos y realidades, deben tener nuestro sello de calidad que perdure en el tiempo (…) con un máximo de respeto por la naturaleza y la sociedad toda».Recolección de firmas Integrantes de la Reserva Natural Otamendi están recolectando firmas en toda la zona de Los Cardales, Otamendi, Río Luján y Campana, para concien-tizar a la población respecto al perjuicio del camino en cuestión, y materializar el apoyo que será elevado a la justicia y autoridades pertinentes.
Publicado por La Semana Ya
Movilidad previsional
Paro nacional de ATE y movilización al Congreso
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA), el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ese gremio y la Federación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados (FETRAJUB-CTA), convocan a marchar mañana alas 15.00 frente al Congreso en reclamo del 82% móvil y para que el Senado rectifique el proyecto de Ley de Movilidad Jubilatoria sancionado por Diputados. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) decidió parar mañana en todo el país y movilizarse al Congreso de la Nación a las 15.00, previa concentración a las 14.00 en la intersección de las avenidas Belgrano y Entre Ríos.
En una declaración pública, ATE afirma que la media sanción en Diputados del Proyecto de Ley de Movilidad "es una burla a las expectativas de los Jubilados. Se sigue manteniendo la lógica que imperó en los ’90". Ante lo que para ATE es "una Ley Trampa que quieren imponer", se ha dispuesto la medida de fuerza consistente en paro y movilización.
La convocatoria indica que "para evitar que se consolide una nueva estafa a los jubilados, convocamos a participar de la marcha 859 frente al Congreso Nacional, el miércoles 24 de septiembre, para seguir bregando por nuestros derechos adquiridos, para que los senadores respeten los derechos humanos de los jubilados y pensionados reformando el Proyecto de Ley sancionado en Diputados".
Por su parte, desde el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE y la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados (FETRAJUB-CTA) "sostenemos que no se tuvo en cuenta la opinión de las Organizaciones de Jubilados convocadas por la Comisión de Previsión de la Cámara de Diputados, que en forma unánime rechazaron el Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo".
Por todo ello, "convocamos al conjunto de los trabajadores a movilizar masivamente al Congreso nacional para que se modifique la Ley de Movilidad y terminar con una nueva trampa al conjunto de los jubilados y pensionados".
POLEMICA POR NUEVAS CABINAS DE PEAJE- Gacetilla de Prensa
Gacetilla de prensa Nº 29
24 de Septiembre de 2008
Defensa del usuario y consumidor
POLEMICA POR NUEVAS CABINAS DE PEAJE
La Diputada Provincial por la Coalición Cívica, Liliana Piani, presentó una iniciativa que busca suspenda la construcción de nuevas estaciones de peaje en la Ruta Nacional Nº 8 Km. 66 y Km. 193, destinadas al financiamiento de la autovía Pilar- Pergamino.
El Poder Ejecutivo Nacional resolvió otorgar la concesión a las empresas Corporación América S.A. Y Helport S.A. para la construcción como mantenimiento, administración y explotación de un tramo de la actual ruta Nacional Nro.8 comprendido entre las ciudades de Pilar y Pergamino, denominado Autopista Pilar – Pergamino. En dicho pliego se indica el agregado de dos estaciones nuevas de peaje, quedando un total de 5 estaciones en un trayecto de 230 Km., lo que provocaría un aumento en el costo de peaje del 188% para realizar el recorrido entre Buenos Aires y Pergamino y un incremento del 418 % para hacer 170 Km. entre Pilar y Pergamino.
“Esta es una iniciativa que pone en peligro el pleno y efectivo ejercicio de los derechos de libertad de circular libremente y los derechos de usuarios y consumidores, ya que los vecinos de la zona no cuentan con vías alternativas para llegar a sus hogares, obligándolos a transitar por una ruta gravada” expreso la Diputada Piani.
Se debe mencionar que los micros de larga distancia y los camiones inscriptos en el RUTA cuentan con un 100 % de descuento en las tarifas de peaje en las Rutas Nacionales, “es decir que los únicos usuarios pagantes, son los que cuentan con vehículos livianos, que en definitiva también son herramientas de trabajo para muchos usuarios viales”.
Ante esta medida, distintas organizaciones relacionadas a la defensa del usuario vial creen necesario que para la construcción de la autovía Pilar-Pergamino el Gobierno Nacional utilice la recaudación de la tasa al Gas-oil, la cual fue creada para eliminar las cabinas de peaje, para reducir tarifas y/o para hacer obras de infraestructura.
“Es necesario que el Poder Ejecutivo de la Provincia solicite al Gobierno Nacional suspender esta medida de financiamiento vial inadecuado como es el sistema de cabinas de cobro en ruta, el cual ya ha demostrado ser un castigo para los usuarios viales y para toda la comunidad en su conjunto” concluyo Piani.
Se agradece su difusión.
Diputada Provincial Piani Liliana
Despacho: (0221) -429-7154
Prensa:
Agustina Barrera (0221) 15 418 6285
