diputada diana maffía
adicciones: el fallo de la Corte no debería ser banalizado y Macri es el responsable de dar soluciones
En la sesión ordinaria del pasado jueves 27 de agosto, me referí al fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a la despenalización del consumo de marihuana para uso personal y expresé mi sorpresa ante las declaraciones al respecto del jefe de gobierno, el Ing. Mauricio Macri su jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta y su Ministra de Desarrollo Social. Aquí va:
Señor presidente: esta semana la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo, que celebramos, vinculado con la despenalización del consumo de drogas para uso personal.
Dicho fallo tiene, por lo menos, tres elementos importantes. El primero de ellos es poner límites a la intervención del Estado en la elección de los planes de vida de las personas. El Estado no debe transgredir determinados límites como, por ejemplo, allanar una vivienda en búsqueda de drogas -no de traficantes- para consumo personal, porque es un plan de vida que uno puede juzgar como quiera, pero tiene que ver con la vida de cada persona.
Considero que el fallo no debería ser banalizado. Esta semana, el diputado Epszteyn organizó en esta Legislatura un panel del que participó el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. Se trató de una jornada buenísima, en la que se analizaron muchísimos aspectos vinculados con la despenalización del consumo.
Hay dos aspectos del fallo que merecen mayor atención, sobre todo por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos se refiere a que el Estado debe tener fuerzas de seguridad para la persecución de narcotraficantes. Por supuesto, para ello debe tener fuerzas de seguridad que no sean cómplices ni generen impunidad, aunque éste es otro tema sobre el que no quiero hablar en estos pocos minutos de los que dispongo.
El otro aspecto es que el Estado debe proporcionar todas las políticas públicas necesarias para la atención integral de las víctimas de adicciones; y, en este caso, el Estado de la Ciudad también está en off side.
Son muy llamativas las reacciones que ha tenido el Poder Ejecutivo ante este fallo. El Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, dijo: “No me parece oportuno. Honestamente, es un debate que nos deberíamos dar una vez que tuviésemos un Estado que funcione, que hubiese políticas públicas contra las adicciones y políticas de prevención; un Estado que estamos todos reclamando que se organice para contener el avance descontrolado que está teniendo la droga en todo el país, donde la Capital Federal no es una excepción”. No sólo la Capital Federal no es una excepción, sino que es responsabilidad del Jefe de Gobierno. Todos estamos esperando pero, si el Jefe de Gobierno también está esperando, nuestras esperanzas quizás sean menos fundadas.
El Jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, dijo: “El fallo es un mamarracho, porque hasta los chicos en recuperación suplican para que se haga algo contra la droga. Ellos mismos dicen que la droga está destruyendo a la gente de su edad. La droga es un cáncer social”. Esta expresión ya la hemos escuchado en otras épocas de nuestra historia: la sociedad sería como un cuerpo que tiene células malas que deben ser extirpadas, y estas células configuran un tejido diferente que debemos sacar para que el resto permanezca sano.
Entonces, tanto el Ejecutivo Nacional como la Justicia tienen en sus manos el deber de darle batalla al cáncer. Parece que, ante los chicos que reclaman y suplican que se haga algo contra la droga, el Ejecutivo de la Ciudad no tiene otra repuesta que: “Estamos esperando que el Ejecutivo Nacional haga algo”.
Por otro lado, la Ministra de Desarrollo Social -que concentra la totalidad del presupuesto en prevención de adicciones, a pesar de lo que dice la Ley marco de Atención de Adicciones N° 2318, que esta Legislatura promulgó en mayo de 2007-, dice: “El mensaje de la Corte es que la decisión de consumir es privada y que el Estado no debe intervenir en esa decisión”. Estamos de acuerdo. Luego agrega: “Para nosotros, ese mensaje es ambiguo, poco claro y se presta a confusión. Todos los días trabajamos con madres de chicos que consumen paco y nos piden que intervengamos. La sociedad no está de acuerdo con el fallo”. La sociedad no está de acuerdo con que el Ejecutivo no intervenga con políticas de prevención y de atención de adicciones que está obligado a aplicar.
Hay una deuda obvia del Poder Ejecutivo: la reglamentación de más de 300 leyes, entre ellas la Ley Marco 2318, sancionada en mayo de 2007. Dicha ley tiene por objeto garantizar una política integral y sistemática sobre el consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo a través de la instrumentación de un plan integral especializado, dependiente del Jefe de Gobierno y no de la Presidenta de la Nación ni de la Corte Suprema de Justicia. Debería garantizar la participación interministerial de la Ministra de Desarrollo Social con los ministros de Educación, de Gobierno y de Justicia, así como también del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Aclaro que este Consejo apenas pudo intervenir cuando un niño adicto -internado por orden del Ministerio de Desarrollo Social- murió en un hogar de la Ciudad de Buenos Aires, que debió haberlo protegido: murió porque no se llamó a una ambulancia del SAME, y porque fue un psiquiatra quien lo revisó, cuando tenía mareos, descompostura, etcétera.
Tenemos dificultades de todo tipo con las adicciones en la Ciudad, señor presidente. A través de esta posibilidad que tengo de decir unas palabras previamente a la sesión, quiero recordarle al Jefe de Gobierno que la solución tiene que darla él, porque es el Jefe de Gobierno. También quiero recordarle a él y a su Jefe de Gabinete, el señor Rodríguez Larreta, que entre las más de 300 leyes que no han reglamentado se encuentra la 2318, que da marco a las políticas de adiciones. También quiero decirles que, en lugar de hablar de los “mamarrachos en la Nación”, se ocupen de darnos a las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires la seguridad que merecemos, que no es precisamente la del “Fino” Palacios sino la de las conductas para el ejercicio de nuestros derechos.
