TRANSPARENCIA POLÍTICA PARA UN CAMBIO SEGURO
PRESENTACIÓN
Un sistema democrático moderno, exige reglas claras y transparentes para el financiamiento de la actividad política, y especialmente de las campañas electorales.
En las actuales elecciones legislativas nacionales, en este sentido advertimos la persistente utilización de artilugios legales o directamente campañas audiovisuales en los medios masivos de comunicación, excediendo los límites máximos de gastos de campañas, los plazos para la publicidad televisiva, radial y gráfica, como la utilización de recursos públicos para las mismas.
Las leyes que regulan el financiamiento de las actividades políticas nacionales, y las que regulan las campañas, en cuanto a plazos y publicidad en medios masivos, son muy claras. Existe un límite máximo de recursos que están publicados por el Poder Judicial de la Nación. Además del límite se establece los plazos de inicio de campañas (60 días antes de la fecha del comicios), pero especialmente se establece que la campaña en los medios masivos de comunicación comienza los últimos 30 días.
Entonces, nos preguntamos: ¿Cómo se puede exigir el apego a las normas, si los principales gobernantes y representantes de los ciudadanos se mantienen al margen de la ley? En esta línea de pensamiento, estamos convencidos que mientras existan prácticas violatorias de la ley en el ámbito político no podremos erradicar los consolidados circuitos de corrupción existentes en las fuerza de seguridad de nuestra provincia.
Además, en la provincia de Buenos Aires el Estado está ausente, en materia de financiamiento de la actividad política.
Mucho se habla hoy de un Plan de Seguridad, pero éste es de difícil o imposible aplicación mientras desde la misma política se sigan trasgrediendo alevosamente los principios y normas básicas de transparencia pública, pues no debemos olvidar que las autoridades públicas – elegidas a través del voto popular – son quienes mandan a las fuerzas de seguridad que tanto se cuestionan.
Debe tenerse en cuenta la existencia de distintas formas de financiamiento ilegal de la política, entre las que prima la “recaudación o caja negra” policial, fondos surgidos de las áreas liberadas para el narcotráfico y otros delitos, manejo irregular en las contrataciones administrativas en general y particularmente en las obras públicas, todo lo cual debemos eliminar definitivamente de la administración de nuestra Provincia.
Mientras tengamos un poder político o gubernamental que financie campañas electorales con fondos de sospechosa procedencia, que utilice privadamente y con fines electoralistas bienes públicos, que promueva constantemente la supresión de mecanismos de control, y que cada acción esté signada por la cultura del secreto, no podremos tener un sistema de seguridad transparente.
Por ello, la primera medida de un Plan de Seguridad es la sanción de las siguientes propuestas para la eliminación de la connivencia entre política, delito y financiamiento ilegal de la actividad en cuestión:
1) Regulación de las campañas electorales y de las sanciones. Se propone la aplicación de una multa del doble del exceso de gastos con relación, que será aplicado a un Fondo Especial para la Educación.
2) Instauración de un nuevo régimen de Declaraciones Juradas.
3) Modificaciòn del sistema de contrataciòn de la publicidad en tiempos de campaña y de la adjudicaciòn de las pautas oficiales.
4) Sistema de Monitoreo de los procedimientos de Licitación y Contratación de la de Obras Públicas.
5) Procedimiento participativo para la selección de jueces de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (SCBA).
6) Establecimiento de pautas que garanticen la contestación de Pedidos de Informes.
Por último, las mencionadas propuestas son básicas para comenzar a garantizar la transparencia institucional, y lograr Políticas de Estado, basadas en la ética, con participación y consenso, que signifiquen tener una administración provincial honesta y eficiente para resolver los problemas de los ciudadanos.
Margarita Stolbizer
Mayo 2009
PRESENTACIÓN
Un sistema democrático moderno, exige reglas claras y transparentes para el financiamiento de la actividad política, y especialmente de las campañas electorales.
En las actuales elecciones legislativas nacionales, en este sentido advertimos la persistente utilización de artilugios legales o directamente campañas audiovisuales en los medios masivos de comunicación, excediendo los límites máximos de gastos de campañas, los plazos para la publicidad televisiva, radial y gráfica, como la utilización de recursos públicos para las mismas.
Las leyes que regulan el financiamiento de las actividades políticas nacionales, y las que regulan las campañas, en cuanto a plazos y publicidad en medios masivos, son muy claras. Existe un límite máximo de recursos que están publicados por el Poder Judicial de la Nación. Además del límite se establece los plazos de inicio de campañas (60 días antes de la fecha del comicios), pero especialmente se establece que la campaña en los medios masivos de comunicación comienza los últimos 30 días.
Entonces, nos preguntamos: ¿Cómo se puede exigir el apego a las normas, si los principales gobernantes y representantes de los ciudadanos se mantienen al margen de la ley? En esta línea de pensamiento, estamos convencidos que mientras existan prácticas violatorias de la ley en el ámbito político no podremos erradicar los consolidados circuitos de corrupción existentes en las fuerza de seguridad de nuestra provincia.
Además, en la provincia de Buenos Aires el Estado está ausente, en materia de financiamiento de la actividad política.
Mucho se habla hoy de un Plan de Seguridad, pero éste es de difícil o imposible aplicación mientras desde la misma política se sigan trasgrediendo alevosamente los principios y normas básicas de transparencia pública, pues no debemos olvidar que las autoridades públicas – elegidas a través del voto popular – son quienes mandan a las fuerzas de seguridad que tanto se cuestionan.
Debe tenerse en cuenta la existencia de distintas formas de financiamiento ilegal de la política, entre las que prima la “recaudación o caja negra” policial, fondos surgidos de las áreas liberadas para el narcotráfico y otros delitos, manejo irregular en las contrataciones administrativas en general y particularmente en las obras públicas, todo lo cual debemos eliminar definitivamente de la administración de nuestra Provincia.
Mientras tengamos un poder político o gubernamental que financie campañas electorales con fondos de sospechosa procedencia, que utilice privadamente y con fines electoralistas bienes públicos, que promueva constantemente la supresión de mecanismos de control, y que cada acción esté signada por la cultura del secreto, no podremos tener un sistema de seguridad transparente.
Por ello, la primera medida de un Plan de Seguridad es la sanción de las siguientes propuestas para la eliminación de la connivencia entre política, delito y financiamiento ilegal de la actividad en cuestión:
1) Regulación de las campañas electorales y de las sanciones. Se propone la aplicación de una multa del doble del exceso de gastos con relación, que será aplicado a un Fondo Especial para la Educación.
2) Instauración de un nuevo régimen de Declaraciones Juradas.
3) Modificaciòn del sistema de contrataciòn de la publicidad en tiempos de campaña y de la adjudicaciòn de las pautas oficiales.
4) Sistema de Monitoreo de los procedimientos de Licitación y Contratación de la de Obras Públicas.
5) Procedimiento participativo para la selección de jueces de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (SCBA).
6) Establecimiento de pautas que garanticen la contestación de Pedidos de Informes.
Por último, las mencionadas propuestas son básicas para comenzar a garantizar la transparencia institucional, y lograr Políticas de Estado, basadas en la ética, con participación y consenso, que signifiquen tener una administración provincial honesta y eficiente para resolver los problemas de los ciudadanos.
Margarita Stolbizer
Mayo 2009
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