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C.N.S.T 88 trabajadores siguen imprimiendo textos escolares A pesar del Juicio por usurpación‏
La fábrica Indugraf fue una de las mayores productoras de libros escolares del país. Ayer venció el plazo de 72 horas fijado por la fiscal para que abandonen la planta. Los obreros aseguran que van a quedarse para preservar sus empleos.
Claudio Mardones
Vicente Narváez acusa al dueño de la planta: “Huyó hace dos meses sin pagarnos un peso”.
“Hemos tomado la decisión de quedarnos a resistir para cuidar nuestra fuente de trabajo: no queremos enfrentarnos con la policía, pero si nos quieren sacar, vamos a aguantar hasta lo último. El único dueño de la fábrica huyó hace dos meses sin pagarnos un peso”, dijo Vicente Narváez a Crítica de la Argentina. El delegado, al igual que el resto de sus 87 compañeros, fue empleado del empresario Jorge Martínez hasta el 24 de noviembre, cuando decidió cerrar las puertas luego de presentar un proceso preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo amparándose en la crisis internacional. Durante los 15 días siguientes, los trabajadores reclamaron sus sueldos: “Hasta que el 10 de diciembre nos cansamos de esperar y tomamos la planta para cuidar las maquinarias y cuidar nuestra fuente de trabajo”, explicó. Cuando la medida de fuerza se concretó, el dueño, hasta entonces inhallable, pidió el desalojo por usurpación ante la Justicia Contravencional porteña. Sin embargo, Martínez no cumplió con sus obligaciones laborales. “Jamás asistió a ninguna de las siete audiencias que fijó el ministerio para encontrar una salida”, recordó la delegada Andrea Rossi, una de las cinco mujeres que sostienen la toma desde hace 20 días. Pero desde la semana pasada, el fantasma del desalojo comenzó a rondar la preocupación de los 88 trabajadores. El jueves 22 la titular de la Fiscalía Contravencional 10 del Poder Judicial porteño, Elsa Miranda, les dio 72 horas de plazo para abandonar el lugar. Sin embargo, este domingo a las 18, cuando expiró ese plazo, los operarios de la clásica imprenta de manuales escolares que funciona en Boedo desde 1974 decidieron mantener la toma y quedarse adentro de la planta “hasta que podamos administrar la fábrica”. El objetivo: “Evitar el vaciamiento”, explicó Narváez a los 500 militantes de las organizaciones sociales, partidos políticos y vecinos de la zona que han resuelto mantenerse frente a la planta, ubicada en Sánchez de Loria 2251, hasta que se defina el futuro de Indugraf en manos de sus trabajadores. La denuncia por usurpación fue instruida hasta el viernes por la jueza María Graciela López Iñíguez, titular del Tribunal 14 de primera instancia. Sin embargo, desde hoy, el caso es subrogado por su par del Juzgado 19, al mando de Carlos Horacio Aostri, quien reemplazará a Iñíguez durante sus vacaciones y cuya decisión todavía no se conoce. Los delegados no ocultan su preocupación. Cuentan que durante la audiencia del jueves, cuando los abogados defensores de los obreros le preguntaron a Miranda qué pasará en la hora 73, la letrada les dijo: “Formalizaré el pedido de desalojo”. Hasta que el Gobierno nacional le transfirió la persecución de 20 delitos a la ciudad, la usurpación no era un tema grave. El nuevo Código Procesal Penal porteño prevé la restitución del inmueble en casos de usurpación y “pone bajo responsabilidad del fiscal o el juez la disposición del reintegro provisional e inmediato de la posesión”. Además, el último párrafo del artículo 335 establece que “en los casos de usurpación de inmuebles, en cualquier estado del proceso y aún sin dictado de la elevación a juicio, la fiscal o el juez, a pedido del damnificado, podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado fuera verosímil”. El pedido del dueño ausente se ampara en esta ley. Un día después de cumplir dos meses de despido, los obreros decidieron esperar la decisión de la Justicia. Dicen que Martínez ya les debe medio millón de pesos por salarios adeudados desde octubre. Este lunes comparecerán ante la fiscal Miranda y “entre martes y miércoles” pedirán una audiencia con el juez Aostri.

Crítica de la Argentina
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