at. Grupo políticas de género

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En el marco del Ciclo de Cine Itinerante 2009 invitamos a todas/os al encuentro a relizarse el sábado 26 de setiembre a la 15hs en el Centro Cultural El Sol y La Luna sito en Av El Cano y Av Forest donde proyectaremos y debatiremos "Caramel". Las/os esperamos

at. Museos de Escobar

EN EL 50° ANIVERSARIO DEL PARTIDO DE ESCOBAR

HOLA: HAY UNA NUEVA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA...

CRONOLOGIA DE LA AUTONOMIA ESCOBARENSE. POLÍTICA Y SOCIEDAD

http://historiadelpartidodescobar.blogspot.com/

at. Senador provincial Fernando LÓPEZ VILLA

CRECE EL TEMOR POR LA INSTALACION
DE TRES PLANTAS QUIMICAS ALTAMENTE
CONTAMINANTES EN BERISSO
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Reiteran un pedido de informes al gobernador Scioli ante la
inacción y la falta de respuestas del Poder Ejecutivo bonaerense
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Senadores provinciales del ARI-Coalición Cívica reiteraron su profunda preocupación ante el avance de los trabajos de instalación en la zona denominada “La Portada”, pleno radio urbano de Berisso, de tres plantas industriales de la empresa “Panimex Química S.A.”, firma de capitales chilenos que producirá anhídrido ftálico, ácido fumárico y plastificantes, sustancias contaminantes de alta peligrosidad para la salud humana y el medio ambiente.
En un nuevo pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo bonaerense promovido por el senador Fernando López Villa, que suscriben también sus pares de bloque Javier Mor Roig -titular de esa bancada-, y Daniel Expósito, preguntan si la empresa “realizó los estudios ambientales prescriptos por ley para ser habilitada” y si efectivamente fue catalogada por la Secretaría de Política Ambiental como de Categoría 3ª en virtud de que su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población, u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente”.
También desean saber “si fue el Consorcio de Gestión Puerto La Plata el que entregó un “permiso de uso” a la firma Panimex para procesar los mencionados productos químicos; bajo que potestad y argumentos lo emitió” y, de no haber sido así, “qué autoridad provincial o municipal habilitó su funcionamiento, ya que proseguirían activamente los trabajos para su radicación en la zona”.
En los fundamentos de su iniciativa, López Villa y los demás senadores del ARI en la Coalición Cívica explican que las sustancias que producirá Panimex “se encuentran dentro de la clasificación de Sustancia/Residuo Peligroso/Especial que refiere la normativa nacional y provincial en vigencia, que considera “peligroso” a “todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el ambiente. Estas características -agregan- son propias del anhídrido ftálico, compuesto inflamable que conlleva un peligro moderado de incendio y explosividad, y cuya toxicidad actúa como irritante de la piel, los ojos y el tracto respiratorio superior, y se manifiesta en conjuntivitis, secreciones nasales sanguinolentas, atrofia de la mucosa nasal, ronquera, tos, bronquitis y asma”.

“Por las cercanías de las plantas químicas con la Dársena de Inflamables del Puerto La Plata, y con el centro urbano de Berisso -manifiestan- el riesgo latente de toxicidad y explosividad se incrementa notoriamente, por lo que la presencia de Panimex, que actualmente estaría desarrollando la etapa de ingeniería de detalle, construcción de equipos y estudios técnicos complementarios para comenzar la obra civil en forma inminente, supone un peligro cierto de gravísimas consecuencias eventuales”. A modo de antecedente, citan el derrame de 200 toneladas de un derivado del etanol desde los tanques de almacenamiento de esa empresa ubicados en el Estero Campiche, Chile, en junio último, el que provocó serios daños en 25 niños y la evacuación de más de un millar de personas.

Por último, señalan los senadores de la C.C. que este nuevo pedido de informes se complementa con uno del mismo tenor aprobado por el Senado sobre tablas el 23 de diciembre de 2008 e ingresado en la Mesa de Entradas del Poder Ejecutivo bonaerense el 8 de enero último, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta alguna en la Legislatura.-

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at. Silvia Zaffirio- Defensora del Pueblo adjunta, del Distrito de Escobar

TRATA¿Qué dice la Convención sobre los Derechos del Niño? Al ratificar la Convención los Estados se comprometen a: Proteger a los niños, niñas y adolescentes contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. (Artículo 32)Proteger a los niños y niñas contra todas las formas de explotación y abuso sexuales y adoptar todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. (Artículo 34)
Tomar todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma. (Artículo 35)Trata y explotación de niños y niñasArtículo escrito por Cielo Salviolo, secretaria ejecutiva del CASACIDN para Periodismo Social.La Triple Frontera que forman Foz de Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina) se ha transformado en un escenario de frecuentes violaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, como el trabajo infantil doméstico, la trata y la explotación sexual comercial de chicos, tres fenómenos estrechamente relacionados en los que periodistas y organizaciones sociales locales libran a veces una batalla desigual frente a mafias, pero también con una red de complicidades que involucra al poder y hasta parte de la sociedad.Unos 880 mil niños y niñas viven en la zona y representan en promedio el 45 por ciento de la población de la frontera compartida por los tres países, según el informe "Situación de la Niñez y Adolescencia en la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay: Desafíos y Recomendaciones", elaborado por las oficinas de UNICEF de los tres países para analizar la situación de la infancia en 62 municipios de la Triple Frontera.La falta de controles en los pasos fronterizos,la ausencia de políticas públicas,la situación de pobreza,la complicidad de vecinosy la connivencia policial y políticahacen, en ese contexto, que el territorio sea propicio para delitos como:la trata (el traslado de niños y niñas dentro del país o en el exterior con fines de explotación) y la explotación sexual comercial de niños y niñas.Las organizaciones y periodistas aseguran que trabajan en soledad para prevenir y/o denunciar esos delitos y, en muchos casos, con temor, porque enfrentan "verdaderas mafias".Lisa Barrios, periodista de Canal 4 de Posadas empezó a investigar redes de explotación cubriendo alternativas turísticas en San Ignacio y se topó con una denuncia de turismo sexual con chicas de comunidades indígenas.…. personal de Migraciones de Puerto Iguazú estima que el 20 por ciento de las personas captadas tiene menos de 18 años. "En muchos casos el reclutamiento esta cargo de algún familiar o persona conocida que cobra entre 1.000 y 1.500 pesos por la captación y el traslado", explica Emilio Ossés de Migraciones de Puerto Iguazú. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima, a su vez, que en la Triple Frontera al menos 3.500 chicos y chicas de menos de 18 años están en situación de explotación sexual.El "Estudio exploratorio sobre trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina" de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que por una mujer se paga entre 100 y 5.000 pesos, dependiendo de la zona, de la edad y las características de la "mercadería". La práctica más común de captación es el engaño, pero también está extendido el secuestro.La OIM identifica a Misiones como el área principal de reclutamiento. De allí las chicas son llevadas para ser explotadas en prostíbulos de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. Hay un predominio de la trata interna, pero también fueron identificados casos de trata internacional, sobre todo de mujeres de nacionalidad paraguaya que ingresan por Misiones y Entre Ríos.El Puente de la Amistad que une Foz de Iguazú con Ciudad del Este puede atravesarse sin pasar ningún control. Y hay otros "recursos" como los documentos falsos y los "piques", que son "caminos clandestinos entre los árboles donde se pasa de todo, mercaderías e incluso personas" explica Barrios."El problema es que la gente hace la vista gorda, por miedo,lo toman como un hecho natural, normal,nadie se alarma, pocos denunciany a veces hasta los vecinos están implicados",agrega la periodista y relata que está terminando de editar una entrevista que le hizo a una joven de Puerto Iguazú que estuvo un mes en cautiverio en un prostíbulo de Concepción del Uruguay y logró "zafar" porque un cliente la "compró" por 500 pesos y la liberó."Hay chicas que son explotados sexualmente en prostíbulos y hasta hoteles de la Triple Frontera y otras, son reclutadas para ser llevadas con fines de explotación sexual a otras provincias de nuestro país", afirma Elba Aquino, de la organización Red Ecos de Vida, en Puerto Iguazú, miembro de la Red “Alto al Tráfico y a la Trata de Niños, Niñas y Adolescentes”. Los chicos y chicas tienen en promedio entre 8 y 18 años,trabajan en las calles,sobre todo en los alrededores de zonas aduaneras y del paso fronterizo de La Amistad, y son reclutados por las redes de explotación cuando están en la vía pública pidiendo monedas o cruzando las fronteras como parte del sistema de contrabando de mercaderías. También están en clubes nocturnos, cabarets, bares, burdeles, discotecas e incluso en los hoteles, según relevamientos de la OIT."Las redes de explotación son grandes mafias y operan como en el tráfico de drogas, generan las mismas sumas de dinero", explica Lisa Barrios.El periodista ante las violaciones Del otro lado de la frontera, en Brasil, los relatos son muy parecidos. Mauri Konig, de la Gazeta do Povo, recorrió 28 mil kilómetros por tierra, agua y aire para investigar la explotación de niñas y adolescentes en municipios de la frontera sur y en la del norte de Brasil después de ganar el Concurso Tim Lopes de Investigação Jornalística realizado por ANDI Brasil y el Instituto WCF-Brasil. "Estuvimos en lugares peligrosos, en la frontera de Brasil con Paraguay llegamos a estar en la casa de narcotraficantes que usaban su casa para recibir a sus clientes a los que les ofrecían chicas como un regalo", cuenta Konig (Ver entrevista).La trata y la explotación sexual comercial infantil están, a su vez, estrechamente vinculados con otra situación de vulneración de derechos: el trabajo infantil doméstico que muchos chicos y chicas realizan en casas de terceros a cambio de dinero o de techo, comida, ropa y, en algunos casos, educaciónEstos tres temas se debatieron en el Taller Regional "Medios, trabajo infantil doméstico, explotación sexual comercial y trata de niños, niñas y adolescentes", realizado en Ciudad del Este el 9 de marzo por la Agencia Global Infancia (miembro de la Red ANDI) y de la OIT, para periodistas y fuentes de información de Paraguay, Brasil y Argentina, del que también participó el Capítulo Infancia de Periodismo Social."Las tres situaciones tienen una dinámica jurídica y social similar y están atravesadas por elementos parecidos como la migración ilegal,la clandestinidad,la discriminación por raza, género y etnia y la condición de vulnerabilidad de las víctimas.Las investigaciones en Brasil relevan que las principales víctimas son mujeres y adolescentes pobres y afro descendientes", explicó Neide Castaña, presidenta del "Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes" y coordinadora del "Centro de Referência, Estudo e Ações sobre Crianças e Adolescentes" (Cecria), en San Pablo, Brasil.En la agenda de los medios los tres problemas están prácticamente ausentes.El periodista Konig comentó en el taller que la imagen que los medios construyen sobre los chicos víctimas de la trata, la explotación o el trabajo infantil doméstico "tiende a culpabilizar a los propios chicos o a sus familias"y pocas veces, en estos casos, se responsabiliza a los gobiernos por la ausencia de políticas públicas.Fuentes: Agencia Global Infancia - Paraguay María Silva Calvo + 595 21 510 445 Agencia Global de Noticias agenciadenoticias@pla.net.py Lisa Barrios Periodista Canal 4 de Posadas (03752) 464464 lisabarrios_c4@arnet.com.ar libarrios@yahoo.com.ar Mauri Konig - La Gazeta do Povo Curitiba - Brasil maurik@gazetadopoco.com.br Red alto al trafico y la trata de niños, niñas y adolescentes San Ignacio - Misiones Fernando Mao Tel: (03752) 470133 / 03725 Claudia Lascano elguembe@yahoo.com.ar Asociación civil Red Eco de vida Puerto Iguazú - Misiones elbayguazu@yahoo.com.ar (03757) - 15409361 Luz de Infancia Puerto Iguazú - Misiones Marcelina Antunez marcedrews@hotmail.com Emilio Osses Oficina de Migraciones - Puerto Iguazú - Misiones eosses@migraciones.gov.ar
MI REFLEXION ES:
LAS LEYES EXISTEN, SON EXCELENTES....
SI SON ACATADAS,
SI SON SANCIONADAS AQUELLAS PERSONAS
QUE LAS TRASGREDEN.
INVITO A TODOS LOS QUE LUCHEN POR LOS
DERECHOS HUMANOS A SEGUIR ESTA
CAUSA.
(continuara....)

at. Agencia de Noticias :" Pelota de trapo"

La prioridad 17/09/09
Por Alberto Morlachetti
(APe).- La crueldad humana es un misterio dice Vicent. Está aún por dilucidarse en qué punto de las entrañas reside ese impulso que obliga a algunas personas a exterminar a otras. La consternación ha ganado el imaginario país, mientras la pobreza arroja niños al olvido porque no le fueron asignadas partidas presupuestarias para existir, y aunque sepamos que el poder tiene la infinita posibilidad de proteger la vida o de autorizar su holocausto, no deja de sacudirnos las tripas. Imposible pronunciar el porvenir, ha cobrado una deriva peculiar, por donde discurren los acontecimientos con una velocidad y dirección incontrolables.
La agenda política manejada por el Ejecutivo Nacional impacta en nuestras emociones y pocos se atreven a parpadear o abrir la boca. La mayoría de los “representantes del pueblo” han perdido su inocencia y giran alrededor de cierto parque temático como son los superpoderes o la ley de medios audiovisuales con aire desatado de cualquier ternura, desplazando la absoluta prioridad del hambre.
El empeño de pibes y educadores en un tiempo donde la crueldad es un excedente de la pobreza, ellos arden como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas, desnudando el crimen sobre el que se asienta el edificio de la sociedad argentina. La consigna el Hambre es un Crimen conmovió el letargo de los colectivos sociales enamorados de la vida que se les escapa. El Estado como un Dios temerario dicta los días y las agonías y ni una sola lágrima pública, quitándole al hambre su carácter doloso, para ser percibida como una calamidad inevitable y naturalizarla como misterio destructor, para despojarse de su angustia de asesino. En otras palabras, eximir al poder de la culpa de crimen contra la humanidad.

at. Jorge Derra

DE PÁGINA 12
En una isla del Delta, la empresa Colony Park expulsa a los antiguos pobladores
Igual que la Campaña del Desierto
Emulando la lógica colonizadora del general Julio Roca, un consorcio abre un barrio privado a precio vil. Carece de habilitación y tiene procesos en la justicia civil y en la penal federal.
El cartel de la empresa que toma al Delta como la Conquista del Desierto.
Por Ailín Bullentini
Algunas de las casi 700 hectáreas de la Isla de Marzi eran, hasta hace un año, el suelo que sostiene el hogar de alrededor de 60 personas que, a tan solo mil metros de los barrios náuticos más exclusivos de la zona Norte del conurbano, sobreviven de la siembra, cosecha y venta de madera; de la venta de juncos y abono para la tierra; y de la pesca. Sus ranchos, construidos con troncos, chapas y alambre, fueron destruidos y hasta algunos prendidos fuego. “Los del Colony Park arrasaron con todo. Hay ranchos que les echaron dos metros de tierra arriba”, relató Roberto Galloro, uno de los damnificados. Colony Park Isla Privada es un emprendimiento inmobiliario de construcción de un barrio cerrado en esa isla de la 1ª sección del Bajo Delta argentino y, si bien hay dos órdenes de suspensión de obra y un juicio penal en la Justicia Federal que recayeron sobre la empresa en los últimos meses, las construcciones iniciadas en septiembre de 2008 no cesan.
Juan Derganz vive en uno de los tres ranchos que quedaron en pie luego de la primera gran barrida, hace un año, y es uno de los pocos vecinos que se resiste a abandonar el lugar donde vive desde hace 22 años. “No se presentaron con buena onda. Vinieron, empezaron a trabajar en las zonas desocupadas y directamente comenzaron a sacar a la gente –apuntó–. Por lo general, cuando las familias tienen que ir al médico, a hacer trámites, o a comprar algo, las casas quedan solas. Y estos tipos aprovechan para romper todo. Yo me ausenté dos días. Cuando volví, el muelle estaba roto. Al techo de la casa flotante le pegaron con un palo; me chocaron el bote; me mataron un perro.”
Llegó en 1987 y se instaló donde el Canal de Vinculación se funde con el Arroyo Anguila. Solitario, Juan es uno de los cuatro vecinos que todavía resiste al atropello que, tal como aseguraron los vecinos a Página/12, viene de manos de la empresa que impulsa la construcción del barrio privado donde ellos viven. Se trata de un proyecto que promete, desde la página Web, ser “el primer desarrollo de vivienda permanente en una verdadera isla del Delta Argentino”, y de cuyo diseño participaron los estudios Robirosa Beccar Varela Pasinato arquitectos, Thays Paisajistas, Fish & Lakes, y Marina del Norte. A este diario le ha resultado imposible localizar a Adrián Gabriel Schwartz, quien figura como presidente de la empresa en la escritura de compra del terreno.
El resto de los vecinos es tan o más antiguo que Juan en el predio, como el caso de Roberto Gallardo y su esposa, Cristina, que se conocieron cuando eran muy chicos y jugaban entre los sauces álamos. De grandes, se cruzaban vuelta a vuelta en el río, cada uno ayudando a sus padres en la pesca. No quisieron abandonar la isla después de casados, hasta que en septiembre de 2008 los obligaron a mudarse con su hijo. “Habíamos ido a tierra porque mi esposa necesitaba ir al médico. Nos quedamos un día en lo de mi hijo y cuando volvimos no encontramos nada. Lo habían sacado todo y habían extendido tierra sobre donde estaba la casa. Enterraron los restos”, relató Roberto (ver aparte). Son seis los vecinos que denunciaron a la empresa por “destrucción de viviendas y bienes” ante las fiscalías 1, 2 y 3 de Pacheco, mientras que otras cuatro preveen hacerlo en estos días. No son las únicas acusaciones legales con las que carga la empresa desde que inició las obras, ya que desde junio de 2008, Enrique Ferreccio, abogado de las familias, la denunció penalmente ante el jueza federal 1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por “usurpación de tierras fiscales y aguas, daño ambiental colectivo y crimen de lesa humanidad”. Los responsables de la firma dilataron la comunicación con este diario hasta el cierre de esta edición.
Además recibió dos órdenes de paralización de obras por no contar con la aprobación de los estudios de impacto ambiental que está obligada a presentar y que nunca cumplió. Una corresponde al Juzgado Civil y Comercial 11 de San Isidro, y sigue vigente. La otra, fue emitida por la Secretaría de Inversión Pública, Urbanismo y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tigre. Antonio Grandoni, responsable del área, confirmó la orden pero sostuvo que “el municipio ya cobró las multas correspondientes. El tema lo debe seguir el organismo provincial de Desarrollo Sustentable, que es quien tiene que evaluar el estudio de impacto”. Por lo pronto, la empresa cuenta con la prefactibilidad de uso, emitida tanto por el municipio de San Fernando como por el Ministerio de Planificación Federal “para trabajar en el dragado de los arroyos”, sostuvo Grandoni.
Es el dragado permanente que la empresa está llevando a cabo en el Arroyo Anguila –cuyo curso ya modificó no sólo en dirección sino también en el ancho de su cauce–, además de la elevación del nivel de superficie de la isla y el talado de árboles lo que preocupa no sólo a los isleños originarios sino a los habitantes de otras islas del Delta. “Todos nos consideramos afectados. Si destruyen el humedal, las consecuencias, no sólo para el Delta, sino para toda la provincia de Buenos Aires, serán terribles”, apuntó Jorge, miembro de la Asamblea Delta y Río de la Plata. Los mismos argumentos figuran en la denuncia por daño ambiental colectivo, elevada por Ferreccio y las familias. “Contaminan el agua superficial con barros basales, suben el nivel de la superficie, con lo cual el agua ya no va a poder pasar por acá y se replegará hacia las costas del continente. Y además, se perderá el filtro natural que es esta isla para el agua que viene contaminada”, apuntó Jorge.
El único representante de la empresa que accedió hablar con Página/12 es su ex apoderado: Alberto Urani. Aseguró que “la única familia que era habitante antigua de la isla era la Aguirre Castro, con la que la empresa llegó a un acuerdo. Le pagó 30 mil pesos y les dieron un terreno en otra isla, más materiales”. En tanto, el ex apoderado de Colony Park S.A., sostuvo que “todos los demás eran ocupantes de la isla, no propietarios. Gente que tenía un ranchito al que iba los fines de semana a pescar”.
Los vecinos confirmaron que en varios casos representantes de la empresa se acercaron para ofrecerles dinero, “pero aceptaron sólo tres”. La empresa, a través de Urani, ofreció a Juan Carlos Aguirre Castro la firma de un convenio de desalojo en el que el hombre “reconoce la titularidad dominial a favor de Colony Park S.A., comprometiéndose en este acto a la desocupación total y definitiva del inmueble”. La empresa le pagó 30 mil pesos y le cedió un terreno en otra isla. No obstante, la familia se arrepintió al poco tiempo y rompió con el acuerdo por tratarse de “lesión de los principios de buena fe, vulneración de la moral y las buenas costumbres y el menoscabo del ejercicio regular de los derechos”, según consta en el documento.
Ninguna de las personas despojadas de sus hogares o amenazadas de serlo cuenta con título de propiedad. No así Colony Park, que pagó 30 mil pesos por 360 hectáreas de la isla a la compañía uruguaya Better S.A., en septiembre de 1999. Hoy, cada lote del barrio privado, de media hectárea, vale 200 mil dólares. Sin embargo, los vecinos “son poseedores para la ley argentina” del espacio donde viven o vivían según sea el caso, explicó Ferreccio a Página/12. Porque llevaron a cabo lo que se llama “posesión veinteañal”, es decir “la posesión por más de 20 años del lugar en forma pública, pacífica e ininterrumpida”.
Entonces, “los vecinos están peleando judicialmente la posesión, un hecho que da derechos sin la necesidad de papeles que lo certifiquen. Tienen que demostrarlo mediante testigos frente al juez y, si lo logran, la posesión está probada, y esos derechos son más importantes que los que brinda la titularidad registral de Colony Park S.A. Ahora, están en manos del juez”, completó Ferreccio. Las pruebas serán aportadas en el marco de la causa por “falsedad ideológica” en la que se exige que “se declare nula a la Escritura Pública Nº 300”, donde figura la transacción entre Better S.A. y Colony Park S.A. “Existe falsedad ideológica porque son los isleños los que tienen la posesión. (...) La empresa Better SA habría comprado en base a una simple inversión y no tomó posesión material de las parcelas de la isla; y luego, la vende a Colony Park S.A. con los isleños que si la ocupan de muy antiguo”, se describe en la denuncia.
Jerónimo, Mario y Julio o “Julín” Gadea son tres hermanos que nacieron en el rancho de sus padres, que ahora es techo de Jerónimo. Cuando crecieron, Julín, se mudó a la orilla de enfrente. Mario hizo lo mismo y se fue a otra zona, arroyo adentro. “Fuimos con Jerónimo al continente a vender la pesca. Cuando volví, el rancho estaba incendiado”, dijo Julín. Todavía pueden verse los troncos quemados que sostenían su casa. Armó una nueva unos metros al costado, a pesar de los avisos “en tono extraño” de personal de Prefectura Naval. “Mientras yo levantaba el rancho me decían ‘El juicio está iniciado, así que no siga’. Yo no les di bola.”
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