at. Jorge Derra

DE PÁGINA 12
En una isla del Delta, la empresa Colony Park expulsa a los antiguos pobladores
Igual que la Campaña del Desierto
Emulando la lógica colonizadora del general Julio Roca, un consorcio abre un barrio privado a precio vil. Carece de habilitación y tiene procesos en la justicia civil y en la penal federal.
El cartel de la empresa que toma al Delta como la Conquista del Desierto.
Por Ailín Bullentini
Algunas de las casi 700 hectáreas de la Isla de Marzi eran, hasta hace un año, el suelo que sostiene el hogar de alrededor de 60 personas que, a tan solo mil metros de los barrios náuticos más exclusivos de la zona Norte del conurbano, sobreviven de la siembra, cosecha y venta de madera; de la venta de juncos y abono para la tierra; y de la pesca. Sus ranchos, construidos con troncos, chapas y alambre, fueron destruidos y hasta algunos prendidos fuego. “Los del Colony Park arrasaron con todo. Hay ranchos que les echaron dos metros de tierra arriba”, relató Roberto Galloro, uno de los damnificados. Colony Park Isla Privada es un emprendimiento inmobiliario de construcción de un barrio cerrado en esa isla de la 1ª sección del Bajo Delta argentino y, si bien hay dos órdenes de suspensión de obra y un juicio penal en la Justicia Federal que recayeron sobre la empresa en los últimos meses, las construcciones iniciadas en septiembre de 2008 no cesan.
Juan Derganz vive en uno de los tres ranchos que quedaron en pie luego de la primera gran barrida, hace un año, y es uno de los pocos vecinos que se resiste a abandonar el lugar donde vive desde hace 22 años. “No se presentaron con buena onda. Vinieron, empezaron a trabajar en las zonas desocupadas y directamente comenzaron a sacar a la gente –apuntó–. Por lo general, cuando las familias tienen que ir al médico, a hacer trámites, o a comprar algo, las casas quedan solas. Y estos tipos aprovechan para romper todo. Yo me ausenté dos días. Cuando volví, el muelle estaba roto. Al techo de la casa flotante le pegaron con un palo; me chocaron el bote; me mataron un perro.”
Llegó en 1987 y se instaló donde el Canal de Vinculación se funde con el Arroyo Anguila. Solitario, Juan es uno de los cuatro vecinos que todavía resiste al atropello que, tal como aseguraron los vecinos a Página/12, viene de manos de la empresa que impulsa la construcción del barrio privado donde ellos viven. Se trata de un proyecto que promete, desde la página Web, ser “el primer desarrollo de vivienda permanente en una verdadera isla del Delta Argentino”, y de cuyo diseño participaron los estudios Robirosa Beccar Varela Pasinato arquitectos, Thays Paisajistas, Fish & Lakes, y Marina del Norte. A este diario le ha resultado imposible localizar a Adrián Gabriel Schwartz, quien figura como presidente de la empresa en la escritura de compra del terreno.
El resto de los vecinos es tan o más antiguo que Juan en el predio, como el caso de Roberto Gallardo y su esposa, Cristina, que se conocieron cuando eran muy chicos y jugaban entre los sauces álamos. De grandes, se cruzaban vuelta a vuelta en el río, cada uno ayudando a sus padres en la pesca. No quisieron abandonar la isla después de casados, hasta que en septiembre de 2008 los obligaron a mudarse con su hijo. “Habíamos ido a tierra porque mi esposa necesitaba ir al médico. Nos quedamos un día en lo de mi hijo y cuando volvimos no encontramos nada. Lo habían sacado todo y habían extendido tierra sobre donde estaba la casa. Enterraron los restos”, relató Roberto (ver aparte). Son seis los vecinos que denunciaron a la empresa por “destrucción de viviendas y bienes” ante las fiscalías 1, 2 y 3 de Pacheco, mientras que otras cuatro preveen hacerlo en estos días. No son las únicas acusaciones legales con las que carga la empresa desde que inició las obras, ya que desde junio de 2008, Enrique Ferreccio, abogado de las familias, la denunció penalmente ante el jueza federal 1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por “usurpación de tierras fiscales y aguas, daño ambiental colectivo y crimen de lesa humanidad”. Los responsables de la firma dilataron la comunicación con este diario hasta el cierre de esta edición.
Además recibió dos órdenes de paralización de obras por no contar con la aprobación de los estudios de impacto ambiental que está obligada a presentar y que nunca cumplió. Una corresponde al Juzgado Civil y Comercial 11 de San Isidro, y sigue vigente. La otra, fue emitida por la Secretaría de Inversión Pública, Urbanismo y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tigre. Antonio Grandoni, responsable del área, confirmó la orden pero sostuvo que “el municipio ya cobró las multas correspondientes. El tema lo debe seguir el organismo provincial de Desarrollo Sustentable, que es quien tiene que evaluar el estudio de impacto”. Por lo pronto, la empresa cuenta con la prefactibilidad de uso, emitida tanto por el municipio de San Fernando como por el Ministerio de Planificación Federal “para trabajar en el dragado de los arroyos”, sostuvo Grandoni.
Es el dragado permanente que la empresa está llevando a cabo en el Arroyo Anguila –cuyo curso ya modificó no sólo en dirección sino también en el ancho de su cauce–, además de la elevación del nivel de superficie de la isla y el talado de árboles lo que preocupa no sólo a los isleños originarios sino a los habitantes de otras islas del Delta. “Todos nos consideramos afectados. Si destruyen el humedal, las consecuencias, no sólo para el Delta, sino para toda la provincia de Buenos Aires, serán terribles”, apuntó Jorge, miembro de la Asamblea Delta y Río de la Plata. Los mismos argumentos figuran en la denuncia por daño ambiental colectivo, elevada por Ferreccio y las familias. “Contaminan el agua superficial con barros basales, suben el nivel de la superficie, con lo cual el agua ya no va a poder pasar por acá y se replegará hacia las costas del continente. Y además, se perderá el filtro natural que es esta isla para el agua que viene contaminada”, apuntó Jorge.
El único representante de la empresa que accedió hablar con Página/12 es su ex apoderado: Alberto Urani. Aseguró que “la única familia que era habitante antigua de la isla era la Aguirre Castro, con la que la empresa llegó a un acuerdo. Le pagó 30 mil pesos y les dieron un terreno en otra isla, más materiales”. En tanto, el ex apoderado de Colony Park S.A., sostuvo que “todos los demás eran ocupantes de la isla, no propietarios. Gente que tenía un ranchito al que iba los fines de semana a pescar”.
Los vecinos confirmaron que en varios casos representantes de la empresa se acercaron para ofrecerles dinero, “pero aceptaron sólo tres”. La empresa, a través de Urani, ofreció a Juan Carlos Aguirre Castro la firma de un convenio de desalojo en el que el hombre “reconoce la titularidad dominial a favor de Colony Park S.A., comprometiéndose en este acto a la desocupación total y definitiva del inmueble”. La empresa le pagó 30 mil pesos y le cedió un terreno en otra isla. No obstante, la familia se arrepintió al poco tiempo y rompió con el acuerdo por tratarse de “lesión de los principios de buena fe, vulneración de la moral y las buenas costumbres y el menoscabo del ejercicio regular de los derechos”, según consta en el documento.
Ninguna de las personas despojadas de sus hogares o amenazadas de serlo cuenta con título de propiedad. No así Colony Park, que pagó 30 mil pesos por 360 hectáreas de la isla a la compañía uruguaya Better S.A., en septiembre de 1999. Hoy, cada lote del barrio privado, de media hectárea, vale 200 mil dólares. Sin embargo, los vecinos “son poseedores para la ley argentina” del espacio donde viven o vivían según sea el caso, explicó Ferreccio a Página/12. Porque llevaron a cabo lo que se llama “posesión veinteañal”, es decir “la posesión por más de 20 años del lugar en forma pública, pacífica e ininterrumpida”.
Entonces, “los vecinos están peleando judicialmente la posesión, un hecho que da derechos sin la necesidad de papeles que lo certifiquen. Tienen que demostrarlo mediante testigos frente al juez y, si lo logran, la posesión está probada, y esos derechos son más importantes que los que brinda la titularidad registral de Colony Park S.A. Ahora, están en manos del juez”, completó Ferreccio. Las pruebas serán aportadas en el marco de la causa por “falsedad ideológica” en la que se exige que “se declare nula a la Escritura Pública Nº 300”, donde figura la transacción entre Better S.A. y Colony Park S.A. “Existe falsedad ideológica porque son los isleños los que tienen la posesión. (...) La empresa Better SA habría comprado en base a una simple inversión y no tomó posesión material de las parcelas de la isla; y luego, la vende a Colony Park S.A. con los isleños que si la ocupan de muy antiguo”, se describe en la denuncia.
Jerónimo, Mario y Julio o “Julín” Gadea son tres hermanos que nacieron en el rancho de sus padres, que ahora es techo de Jerónimo. Cuando crecieron, Julín, se mudó a la orilla de enfrente. Mario hizo lo mismo y se fue a otra zona, arroyo adentro. “Fuimos con Jerónimo al continente a vender la pesca. Cuando volví, el rancho estaba incendiado”, dijo Julín. Todavía pueden verse los troncos quemados que sostenían su casa. Armó una nueva unos metros al costado, a pesar de los avisos “en tono extraño” de personal de Prefectura Naval. “Mientras yo levantaba el rancho me decían ‘El juicio está iniciado, así que no siga’. Yo no les di bola.”
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http://www.missingchildren.org.ar/entraperd.htm

at. Diputada Liliana Piani

Gacetilla de prensa Nº 68
14 de Septiembre de 2009

PIDEN INFORMES POR INVESTIGACIONES CON SERES HUMANOS


La Diputada provincial Liliana Piani (ARI-CC), exige información sobre las investigaciones con medicamentos y nuevos procedimientos médicos en seres humanos que se realizarán en la provincia.
La iniciativa, presentada ante la Legislatura bonaerense, exige información sobre diversas investigaciones que se realizarán en seres humanos en los hospitales provinciales, como así también las medidas implementadas por el Estado para controlar dichos ensayos.
Cabe aclarar que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, luego de reglamentar la Ley 11.044 de ensayos clínicos que regula las investigaciones con medicamentos y nuevos procedimientos médicos en seres humanos dentro de los hospitales públicos y privados, ha anunciado la puesta en marcha de más de 700 investigaciones clínicas en el territorio bonaerense a partir del 1º de septiembre del corriente.
“Si bien estas investigaciones son importantes para lograr avances científicos en materia de salud, deben ser realizadas bajo estricta normativa que reglamente el funcionamiento de los Comités de Ética Hospitalarios y provea procedimientos que acrediten la capacidad de los integrantes, como así también la exclusión de integrantes que realicen investigaciones clínicas, favoreciendo la imparcialidad en la aprobación de los mismos. Por lo tanto solicitamos información acerca de la constitución de la Comisión Conjunta de Investigación de Salud, y de la Comisión de Ética Central, encargadas de monitorear las investigaciones a realizar” expresó la Diputada Piani, quien a su vez remarcó “la obligatoriedad de que existan convenios formales donde quede garantizado el cumplimiento del marco legal de la actividad de investigación, lo que a su vez permite el ingreso de beneficios económicos y otros, tanto al tesoro público como al sistema prestacional estatal”.
“Al mismo tiempo es sabido que toda experimentación médica en seres humanos implica riesgos y costos, y por ello es de suma importancia que los pacientes conozcan y acepten dichas condiciones. Debido a esto se solicita información, entre otras, acerca de los mecanismos de consentimiento y representación legal previstos para que las personas participantes dispongan de la información necesaria referida a la investigación, y que el consentimiento informado esté debidamente documentado”, concluyó la Diputada Piani

Se agradece su difusión.


Diputada Provincial Piani Liliana
Despacho: (0221) -429-7154
Prensa:
Agustina Barrera (0221) 15 418 6285

at. Arte en el mundo

("EL VIOLÍN " de Lidia Yanquelevich)

Invitación

El Departamento de Extensión Cultural del Honorable Senado de la Nación tiene el agrado de invitarles a la inauguración de la muestra de Grabados titulada " Transformaciones " de la artista plástica Lidia Yanquelevech. Inauguración: Martes 29 de Septiembre 18.00 hs - Clausura: 2 de Octubre de 2009 Congreso de la Nación - Salón de Las Provincias Hipólito Yrigoyen 1849 (1089) Ciudad de Buenos Aires - Argentina

at. Luis AZAMOR

(de INFOBAE.COM)

Dentro de dos semanas, el país oriental (oriental, pero no de Asia) se convertirá
en el primero del mundo en donde cada alumno y maestra de primaria tendrá
su computadora con banda ancha.

De los 2360 colegios primarios estatales en todo el territorio, sólo resta que reciban su computadora
los alumnos de 33 escuelas de Montevideo. Así, el plan Ceibal, que lanzó el gobierno de Tabaré Vázquez hace tres años, está por cumplir
la ambiciosa meta de que cada chico y cada maestro de primaria del país tengan su laptop con banda ancha. En diciembre de 2006, el presidente Tabaré Vázquez lanzó el plan de producir computadoras portátiles
de bajo costo -un desarrollo del MIT- para disminuir la brecha digital en los países menos desarrollados. Vázquez dijo que para 2009 habría una computadora por niño para "equiparar tecnológicamente"
a todos los chicos. Se decidió comenzar desde el interior del país hacia la capital. El costo total del plan Ceibal es de unos US$ 120 millones en tres años.
En tanto, el presupuesto del año pasado destinado a la educación básica fue de unos
840 millones de dólares.
El costo promedio de cada laptop es de 188 dólares (con impuestos asciende a US$ 230)."Nos propusimos resolver todos los problemas para poder llevar adelante este plan.
Sólo 5000 chicos a fin de año no tendrán conexión a Internet por dificultades que se resolverán",
dijo Miguel Brechner, presidente del LATU.Ya se entregaron 369.000 computadoras, que incluyen aquellas para niños ciegos,
con discapacidades motrices, sordos y con escasa visión. Y hay 18.000 para maestros.
Y aquí las escuelas carecen de calefacción, ventiladores, servicio sanitario...

Y la mitad de los alumnos están sub-alimentados.

at. Silvia Zaffirio-Defensora adjunta del pueblo de Escobar

Cómo hablan los medios de los adolescentes en conflicto con la leyEl informe “Niñez y adolescencia en la prensa argentina” fue presentado ayer por El Capítulo Infancia de Periodismo Social junto a UNICEF, Fundación Arcor y C&A.Descargar (PDF)Ciudad de Buenos Aires, 19 de agosto 2009.

EL informe especial sobre Justicia penal juvenil presentado ayer forma parte de la serie “Niñez y adolescencia en la prensa argentina”, que se publica y actualiza anualmente desde el año 2005. Este nuevo informe espacial analiza detalladamente lo publicado durante 2008 por 22 diarios de todo el país sobre los chicos y chicas en conflicto con la ley penal. La presentación se realizó en el marco de una jornada con diversas actividades en el Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires, con la presencia de periodistas, especialistas en la temática, funcionarios y estudiantes.Uno de los datos más relevantes que se dieron a conocer fue el vinculado con la estigmatización del lenguaje: el 65% de las notas sobre chicos acusados de delitos contiene términos peyorativos como “rateros”, “hampones”, “delincuentes” y “pibes chorros”. Por otro lado, el 25 % de esas notas fueron construidas sin citar fuente alguna. Esto contribuye a la circulación y legitimación de mitos en las noticias, como el que afirma que “cada vez más chicos cometen delitos”, una información que los diarios publicaron repetidamente el año pasado pero que no se sustenta en ninguna estadística comprobable y que, incluso, es rebatida por los datos oficiales que indican que los delitos cometidos por chicos menores de 16 años bajaron en los últimos tiempos. Otro dato relevante se refiere a las medidas de prevención: sólo el 8 % de las notas monitoreadas hicieron mención al aspecto preventivo al hablar sobre justicia penal juvenil.El informe también revela que el tema vinculado a los niños, las niñas y los adolescentes más tratado por los diarios es Educación (el 23,5% de las notas monitoreadas). Eso representa un cambio respecto de años anteriores, en tanto es la primera vez desde que se realiza este informe que las temáticas educativas superan -en cantidad de menciones- a los temas de Violencia (22,2 de las notas), quedando esta en 2do. lugar, seguido por los temas de Salud (10,7%).Los temas que siguen ausentes o con muy poco espacio en la agenda mediática, también fueron revelados por el monitoreo: pobreza, discapacidad y drogadicción.Luego de la presentación del informe se realizó una mesa de debate bajo el nombre “Represión o prevención: la justicia juvenil en la encrucijada”, en la que participaron Eugenio Zaffaroni, Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Gimol Pinto, experta en derechos de UNICEF, y Andrea Varela, del Observatorio de Comunicación, Juventud y Medios de la Universidad Nacional de La Plata, y fue coordinada por la periodista Liliana Hendel. El Dr. Zaffaroni se refirió a la necesidad de modificar el actual sistema de justicia penal juvenil y arrojó luz respecto del tema de la imputabilidad, y bregó para que los medios utilicen adecuadamente este término. También se mostró partidario de que la edad de procesabilidad de los adolescentes se diferencie en dos franjas etarias: de 14 a 16 años, y de 16 a 18 años, y destacó la urgencia de brindar garantías a los chicos que son acusados de un delito: “es necesario dar garantías y garantizar los procesos, porque la legislación actual permite encerrar a un chico con problemas de conducta, lo que es una barbaridad. Así, esta ley es stalinista”. Además, consideró necesario brindar a los jueces distintas opciones en el tratamiento de delitos de menores “para que el último recurso sea la privación de la libertad” y consideró que “cuando el discurso que se escucha se basa en la imputabilidad debemos tener en cuenta que es una teoría que baja de sectores reaccionarios, copiando el modelo de Estados Unidos, basada en el miedo, y sobre eso también se montan los medios de comunicación. La seguridad o inseguridad depende de la construcción de la realidad mediática. Las estadísticas dicen que la primera causa de muertes violentas son producto de los accidentes de tránsito, le siguen el suicidio, los homicidios intrafamiliares o entre conocidos y en cuarto lugar recién está la posibilidad de que alguien te ataque en la calle”.Por su parte, Gimol Pinto se refirió a los aspectos más relevantes del sistema penal juvenil que deben adecuarse a la Constitución Nacional y a la Convención sobre los Derechos del Niño, y dio cuenta de la realidad actual en la que viven los chicos en conflicto con la ley, brindando datos del estudio realizado por UNICEF junto a la Secretaría de Niñez, adolescencia y Familia (SENNAF) del Ministerio de Desarrollo de la Nación, y la Universidad Tres de Febrero: Adolescentes en el sistema penal Andrea Varela, a su turno, a partir de un video que sistematizaba noticias sobre justicia juvenil en la TV, analizó el discurso mediático relacionado con los chicos infractores, y la manera en que se relacionan los y las jóvenes con el lenguaje, las calificaciones y enfoques que las coberturas mediáticas hacen del tema.Al término de la presentación del monitoreo el Dr. Gabriel Lerner, Subsecretario de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, aseguró que “este informe es una ayuda más para el trabajo que realizamos en la labor de mejorar el sistema de justicia penal juvenil y también me parece un insumo muy interesante para sumar al debate de una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales”.En la misma jornada también se entregaron las distinciones “Periodista Amigo de la Infancia 2009” a nueve trabajadores de medios de comunicación nacionales y provinciales, que se suman a los 37 colegas reconocidos por la Red Latinoamericana Andi (Agencia de Noticias por los derechos de Infancia) en años anteriores. Ellos son: Roxana Barone, de la agencia Télam; Virginia Messi, de Clarín; Mauro Federico, de Crítica de la Argentina; Oscar Gerez, de El Liberal; Daniel Chocobar, de El Tribuno; Néstor Llido, de Diario Popular; Luciana Peker, de Página 12; Víctor Hugo Morales, de Radio Continental y Liliana Hendel, de Canal 13/TN. Las y los periodistas premiados compartieron una mesa redonda donde intercambiaron experiencias sobre el tratamiento que realizan sobre los temas de niñez y adolescencia, los obstáculos que tienen dentro y fuera de las redacciones, y las estrategias que utilizan para colocar el tema en los medios en los que trabajan.Para bajar el informe completo:Monitoreo 2008: "El encierro mediático. Cómo hablan los diarios sobre los chicos en conflicto con la ley penal"La Red ANDI América Latina es una iniciativa orientada a la construcción de un periodismo socialmente responsable, basado en la perspectiva de promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los medios de comunicación y fuentes de información. Conforman la Red: ANDI (Brasil); CECODAP (Venezuela); DNI – Costa Rica (Costa Rica); Dos Generaciones (Nicaragua); DOSES (Guatemala); Eco Jóvenes (Bolivia); Agencia Pandi (Colombia); Fundación Yupana (Ecuador); GLOBAL...Infancia (Paraguay); Periodismo Social (Argentina).

at. Diputada Dra Diana Maffía( clic en el afiche)